Supervivientes de violencia sexual postelectoral en Kenia aún buscan justicia

Nairobi, 11 nov (EFE).- Supervivientes de la violencia sexual acontecida durante los disturbios postelectorales de 2007-2008 en Kenia presentaron hoy un recurso parcial en la Corte de Apelaciones de Nairobi contra la sentencia que en diciembre de 2020 reconoció solo el derecho a compensación económica para cuatro de los ocho demandantes.

'Aunque fue una victoria histórica para los supervivientes de violencia sexual, pensamos que el fallo del Tribunal Superior no fue lo suficientemente lejos en el reconocimiento del trauma experimentado por cuatro de los ocho supervivientes', dijo en un comunicado difundido hoy Naitore Nyamu, al frente de la organización Médicos por los Derechos Humanos de Kenia (PHR, por sus siglas en inglés).

PHR es una de las organizaciones co-peticionarias que interpusieron en 2013 la demanda contra el Gobierno de Kenia, que fue declarado culpable en diciembre de 2020 -siete años después, tras un proceso que sufrió constantes retrasos- de no haber mitigado ni investigado de forma independiente esos crímenes de violencia sexual.

En esa denuncia, las organizaciones peticionarias junto con ocho supervivientes de esos acontecimientos -seis mujeres y dos hombres- demandaron al fiscal general de Kenia, el director del Ministerio Público, el Ministerio de Salud y el inspector general de Policía.

En su sentencia, el juez Weldon Korir del Tribunal Superior de Nairobi consideró al Ejecutivo keniano responsable de no haber realizado 'investigaciones y enjuiciamientos independientes y efectivos de delitos relacionados con violencia sexual y de género durante la violencia postelectoral'.

El tribunal consideró que se había violado el derecho a la vida y de igualdad de las víctimas y dictaminó que cuatro mujeres de entre ellas debían recibir una indemnización de unos 4 millones de chelines kenianos (unos 35.000 dólares), una compensación que 'aún no ha sido entregada', denuncia PHR.

Fue la primera vez en Kenia que la violencia sexual postelectoral era reconocida legítimamente por el Gobierno, y que se consiguió una compensación por el maltrato sufrido.

Según los demandantes, sin embargo, la sentencia de diciembre de 2020 solo consideró la obligación del Gobierno de investigar la violencia sexual, pero no de 'prevenirla'.

Además, la justicia solo aseguró una reparación a las supervivientes que habían sido violentadas por actores estatales (policía o fuerzas de seguridad) o habían denunciado después los hechos ante esos mismos actores.

No fueron pues reconocidos los casos en que los perpetradores eran civiles o miembros de milicias étnicas.

'No es de extrañar que algunos supervivientes (...) no denunciaran a la policía, dado que algunos policías fueron perpetradores de la violencia ellos mismos', según Nyamu.

En las elecciones de diciembre de 2007, la violencia estalló en las calles después de que el entonces presidente de Kenia, Mwai Kibaki, fuera declarado ganador de los comicios y su principal rival, Raila Odinga, rechazara los resultados.

En los disturbios murieron al menos 1.300 personas y más de 500.000 fueron desplazadas de sus hogares. EFE

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EFE

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