Supremo indio aclara que deportación de rohinyás requiere de proceso legal

Nueva Delhi, 8 abr (EFE).- El Tribunal Supremo de la India indicó este jueves que un grupo de más de 150 refugiados rohinyás que fueron detenidos hace un mes en la región de Jammu y Cachemira no podrán ser deportados a Birmania (Myanmar) a menos que se cumpla con el debido proceso legal.

'Queda claro que los rohinyás en Jammu, en cuyo nombre radica la presente solicitud, no serán deportados a menos que se siga el procedimiento prescrito para dicha deportación', señaló el máximo tribunal en una orden judicial.

La decisión del Supremo responde a una petición del abogado y activista indio Prashant Bhushan, en la que solicitó la liberación y la no deportación de los refugiados rohinyás detenidos en el estado norteño de Jammu el pasado mes de marzo.

El tribunal, sin embargo, negó la medida de liberación alegando que sobre el grupo de migrantes indocumentados 'se han formulado dos acusaciones graves' en relación a la amenaza para la seguridad interna del país, y la proliferación de traficantes de inmigrantes.

Con unos 1.600 kilómetros de frontera compartida, la India se ha convertido en destino de los miembros de esta minoría étnica tras una campaña de persecución y violencia por parte del ejército de Birmania, que la ONU calificó de ejemplo de limpieza étnica y un posible genocidio.

Un nuevo éxodo de birmanos ha tenido ligar en las últimas semanas tras la represión por parte de la junta militar que gobierna Birmania tras el golpe de Estado de febrero, que ha dejado más de un centenar de muertos en medio de una ola de protestas.

En la India, que comparte 1.634 kilómetros de frontera con Birmania, hay unos 40.000 rohinyás, de los cuales unos 17.000 están registrados por el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR).

La nación, que no forma parte de la Convención de los Refugiados de 1951 y carece de un marco legal de protección para ellos, ha expresado en varias ocasiones sus intenciones de devolver a miembros de esta minoría étnica, y en 2018 deportó a siete con el aval del Supremo. EFE

EFE

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