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Tensiones en el Gobierno de coalición español por ley contra violencia sexual

Madrid, 4 mar (EFE).- El Gobierno español de coalición, que está a punto de cumplir dos meses, vive las primeras tensiones importantes entre ministros socialistas y del grupo izquierdista Unidas Podemos (UP) por las disputas sobre el proyecto de ley contra la violencia sexual.

Dirigentes de ambos partidos aseguraron este miércoles que no hay problemas de fondo y recalcaron el compromiso feminista del Gobierno, pero el choque fue intenso después de que Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y líder de UP, pareció acusar de machismo al ministro de Justicia.

En plena semana de las celebraciones del Día de la Mujer (el próximo 8 de marzo), el Ejecutivo desveló este martes una propuesta legislativa impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), para la garantía integral de la libertad sexual, que reformará el Código Penal.

Pero la precipitación y las supuestas discrepancias ministeriales robaron protagonismo a esta ley, concebida como un 'gesto' hacia el movimiento feminista, especialmente a partir del caso de 'la Manada', un grupo de cinco hombres que violaron a una mujer en las famosas fiestas de los Sanfermines de 2016.

El Ministerio de Justicia detectó 'numerosos errores técnicos' en el borrador del proyecto elaborado por el Ministerio de Igualdad (en manos de Podemos) y llegó a corregir un tercio del articulado, según informaciones de prensa publicadas hoy.

Las desavenencias se fueron filtrando en la última semana y estallaron cuando Pablo Iglesias dijo a la prensa ayer que hay 'mucho machista frustrado' en las 'excusas técnicas' planteadas al borrador.

El ministro de Justicia, el socialista Juan Carlos Campo, respondió hoy que su objetivo es 'que las leyes que salgan de un Gobierno sean lo más perfectas posibles. No hay ningún tipo de reproche' y 'no hay ningún bloqueo', sino que el Ejecutivo ha actuado 'conjunta y monolíticamente'.

Campo, sin citar nombres, pareció responder a Iglesias al afirmar que 'a veces, los políticos hablamos demasiado'.

GOBIERNO EN MINORÍA

Después de las elecciones del 10 de noviembre de 2019, el líder socialista español, Pedro Sánchez, consiguió que el Congreso lo eligiera jefe del Ejecutivo el 7 de enero gracias a un acuerdo de gobierno con UP.

También tuvo que negociar el apoyo de pequeños partidos y la abstención de algunos independentistas catalanes y vascos.

Sánchez, que gobierna en minoría, formó el primer Ejecutivo de coalición de la actual democracia española con mayoría de ministros socialistas y algunos de Unidas Podemos: el vicepresidente segundo de Derechos Sociales y los titulares de Igualdad, Trabajo, Universidades y Consumo.

DISCREPANCIAS RECONOCIDAS

El portavoz parlamentario de UP en el Congreso, Pablo Echenique, consideró hoy que es normal que existan discrepancias en un Gobierno de coalición y que 'cualquier proyecto de ley recibe sugerencias y comentarios por parte de todos los ministerios'.

Y la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, aseguró que 'no hay ministros machistas, sino un Gobierno profundamente feminista'.

El Consejo de Ministros vio el anteproyecto legislativo en la reunión semanal del martes, aunque no estuvo cerrado hasta la víspera por la noche con las aportaciones de varios ministerios.

El mismo martes por la mañana, fuentes de UP aseguraron que el Ministerio de Justicia y la vicepresidenta primera del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, habían bloqueado el borrador legislativo con excusas técnicas.

Finalmente, el Gobierno dio luz verde al texto, tras unas discrepancias que son 'lo normal en estas leyes', dijo Calvo.

La iniciativa legislativa establece que solo la voluntad expresa de la mujer permite mantener relaciones sexuales para acabar con la distinción entre abuso y violación, y también propone penalizar el acoso sexual callejero.

Los miembros del citado caso de 'la Manada' fueron condenados inicialmente por abusos sexuales, ya que en la grabación que realizaron los autores de la agresión la víctima no expresaba verbalmente su rechazo.

La sentencia generó protestas masivas en toda España. Finalmente, el Tribunal Supremo consideró el año pasado que hubo violación y aumentó las penas de 9 a 15 años de cárcel para cada autor. EFE

nac-jl/rcf/ie

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