TI pide reformar ente estatal de Panamá envuelto en caso de escuchas ilegales

Ciudad de Panamá, 26 jul (EFE).- El capítulo de Panamá de Transparencia Internacional (TI) pidió reformar el ente público involucrado en un caso de espionaje político por el que está siendo juzgado el expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), para garantizar la 'privacidad' de los ciudadanos.

'Es urgente que el Consejo de Seguridad sea reformado para incluir los controles que eviten los abusos de poder y garanticen el respeto a la privacidad de los ciudadanos', dijo este lunes en un comunicado la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el capítulo panameño de TI.

Recalcó que ahora el 'mundo entero, gracias a la investigación que publicara Amnistía Internacional (...) está consternado ante las violaciones a la intimidad y el abuso de poder de múltiples gobiernos contra periodistas, ciudadanos, líderes políticos y sociales', en referencia al escándalo desatado por el software de espionaje Pegasus.

'Eso es justo lo que vivió el país a manos del Consejo de Seguridad, tras ser reformado en 2010 durante la Administración Martinelli, para servir de brazo criminal al poder ejecutivo', afirmó el capítulo panameño de TI.

Pegasus fue el software usado presuntamente para las interceptaciones ilegales de las que se responsabiliza al expresidente Martinelli, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía.

El capítulo panameño de TI señaló que la interceptación de las telecomunicaciones 'es un delito contra toda la ciudadanía, no solo contra las personas cuyos aparatos fueron intervenidos'.

Es por ello que alertó que el juicio al Martinelli, 'con todas sus aristas sensacionalistas, no debe ni puede desviar la atención ciudadana del elemento central del mismo' como es que 'la interceptación ilegal de las comunicaciones de los ciudadanos es una violación a las garantías fundamentales y a las libertades civiles y políticas que garantiza la democracia'.

Martinelli se enfrenta, desde el pasado 21 de julio, a un nuevo juicio por el caso de la interceptación ilegal de las telecomunicaciones a cerca de 150 personas, entre ellas políticos, periodistas y empresarios, en el que es acusado de dos delitos que suman hasta 8 años de prisión.

Por este caso el exmandatario ya fue declarado 'no culpable' en un juicio celebrado en 2019 en el que enfrentó cuatro delitos que sumaban 21 años de cárcel, pero que fue anulado por un Tribunal de Apelaciones. EFE

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