Uganda cree “excesiva y sin fundamento” la demanda de Congo ante la Justicia
EFE
La Haya, 22 abr (EFE).- Uganda consideró hoy “excesiva y sin fundamento” la demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la República Democrática del Congo (RDC), que ha pedido más de 13.000 millones de dólares por las matanzas y los daños materiales sufridos durante la Segunda Guerra del Congo, entre 1998 y 2003.
El representante de Uganda ante el alto tribunal de la ONU, William Byaruhanga, reconoció ante los jueces que su país está obligado a pagar indemnizaciones, pero añadió que las partes deben “encontrar un terreno común para determinar qué pérdidas pueden atribuirse propiamente a Uganda”, pues hasta nueve países africanos intervinieron en el conflicto.
La suma de más de 13.000 millones exigida por la RDC se divide en diferentes montos, entre los que se incluye el establecimiento de un fondo para víctimas directas y sus familiares, así como compensaciones por los daños contra bienes materiales y por la explotación de los recursos naturales congoleños.
Esa cantidad supondría más de un tercio del Producto Interior de Uganda en 2019 y tendría “consecuencias económicas ruinosas” para el país, dijo Byaruhanga. “Las compensaciones no deberían sobrepasar las capacidades compensatorias de Uganda ni privar al pueblo responsable de sus medios de subsistencia”, añadió.
Kinsasa aseguró el pasado martes que Kampala es responsable directa de la muerte de 180.000 congoleños durante el conflicto armado, una cifra puesta en duda hoy por los representantes legales de Uganda.
El abogado Lawrence Martin dijo ante los jueces que la RDC debería especificar “el nombre, la nacionalidad y la fecha, localización y causa de la muerte” de cada uno de los fallecidos para que estos cuenten a la hora de calcular el monto total de las indemnizaciones directas.
La RDC llevó en 1999 las consecuencias de la Segunda Guerra del Congo al Tribunal de La Haya, que falló en 2005 que “la intervención militar ilegal de Uganda fue de tal magnitud y duración” que supuso “una grave violación de la prohibición del uso de la fuerza” expresada en la Carta de las Naciones Unidas.
Las conversaciones de los últimos quince años entre ambos países para determinar las cuantías de las indemnizaciones no llegaron a buen puerto, razón por la cual es la CIJ quien establecerá las cantidades a pagar.
Las vistas orales continuarán este viernes con las intervenciones de varios expertos y finalizarán la próxima semana con una segunda ronda de argumentos orales por parte de ambos países.
Los dieciséis jueces que forman parte del caso (los quince fijos de la CIJ y uno “ad hoc”) se retirarán posteriormente para discutir el veredicto, que se espera para los próximos meses. EFE
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