Un total de 70 ONG tunecinas piden al presidente amnistiar a 2.000 detenidos

Túnez, 15 mar (EFE).- Un total de 70 asociaciones tunecinas de Derechos Humanos instaron hoy al presidente del país, Kais Said, a amnistiar a los casi 2.000 ciudadanos, incluidos numerosos menores, detenidos durante la campaña de arrestos 'arbitrarios' lanzada en las últimas semanas por parte de las fuerzas de seguridad.

'Como garante de la constitución, que preserva los derechos y libertades, pedimos que ejerza sus prerrogativas legales para ofrecer una amnistía a los detenidos de acusaciones injustificadas', reclamaron los firmantes en una carta abierta al mandatario, entre los que se encuentra la Liga Tunecina de los Derechos Humanos (LTDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

En su misiva, la sociedad civil recordó a Said sus promesas electorales a favor de los jóvenes -un tercio de la población- 'víctimas de un sistema que utiliza la opresión y la violencia como respuesta a aquellas voces que se levantan contra el fracaso de las políticas sociales y económicas', advirtieron.

Las organizaciones denuncian desde hace varios meses una campaña de arrestos arbitrarios, detenciones sistemáticas, torturas, amenazas y acoso policial, tanto en el espacio público como en las redes sociales, contra activistas y ciudadanos que han salido a la calle a manifestar.

'Estas prácticas constituyen una violación flagrante de los derechos humanos y son la continuidad de las políticas represivas del Estado policial contra el que los ciudadanos tunecinos se levantaron durante la revolución de la libertad y la dignidad', aseguraron días antes las ONG en un comunicado de prensa.

Por ello, acusaron al primer ministro y ministro del Interior interino, Hichem Mechichi, de ser el principal responsable de estas violaciones de los derechos humanos, y exigieron a las autoridades 'asumir su responsabilidad en la lucha contra la impunidad, reformar el sistema de las fuerzas de seguridad y revisar los textos jurídicos obsoletos e injustificables, herramientas de un sistema dictatorial represivo y que hoy es utilizado para reprimir manifestaciones pacíficas'.

A finales de febrero una conocida activista por los derechos LGBT, Rania Amdouni, fue detenida cuando se encontraba en una comisaría para interponer una denuncia por acoso e intimidación contra miembros de sindicatos de policía y fue condenada posteriormente a seis meses de cárcel por 'ofensa a un funcionario público'.

Una semana más tarde, un joven arrestado por no respetar el toque de queda en la ciudad de Sfax, capital económica del país, falleció pocas horas después de que los agentes le negasen el tratamiento médico contra la diabetes que necesitaba, según denunciaron los abogados de la familia.

El pasado 14 de enero, fecha que celebra el décimo aniversario del levantamiento popular contra la dictadura de Zine El Abidine Ben Ali, las manifestaciones se sucedieron durante varias semanas en diferentes puntos del país para reclamar justicia social y mejores condiciones de vida.

En paralelo, el extrarradio de la capital vivió varios enfrentamientos nocturnos entre la policía y grupos de jóvenes que fueron duramente reprimidos y que se saldaron con más de 1.000 detenidas, en su mayoría adolescentes y menores, y la muerte de un joven como consecuencia del impacto de un bote de gas lacrimógeno recibido supuestamente durante los disturbios. EFE

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