Una Corte dividida avala pero matiza consulta contra expresidentes mexicanos

Eduard Ribas i Admetlla

México, 1 oct (EFE).- Contra todo pronóstico, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió este jueves el aval de la Suprema Corte para convocar una consulta popular en la que los ciudadanos decidirán si enjuiciar por corrupción a cinco expresidentes, si bien ordenó quitar sus nombres de la pregunta.

El alto tribunal declaró constitucional la propuesta por seis votos a favor y cinco en contra tras un largo y enconado debate, que generó una enorme expectación y una concentración a las puertas de su sede pese a que la sesión fue por videoconferencia.

UNA NUEVA PREGUNTA SIN NOMBRES

Los magistrados se dividieron entre los que opinaban que se debe facilitar la convocatoria de consultas populares para fortalecer la democracia y quienes defendían que la justicia no debe someterse a consulta.

El resultado final fue dar luz verde a la propuesta estrella de López Obrador para poner el futuro de los expresidentes bajo el escrutinio popular, aunque para no afectar su presunción de inocencia se retiró de la pregunta los nombres de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

'¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?', se preguntará el próximo año a los mexicanos.

Para Tito Garza, jurista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los magistrados utilizaron argumentos 'contradictorios' para avalar la consulta y propusieron una pregunta que 'es más amplia, genera más dudas y da muy poco margen a que alguien pueda oponerse'.

'Al cambiar el nombre específico de los expresidentes, la Corte se mete en un problema mayor porque no determina sobre qué versa la pregunta', dijo a Efe.

CONSULTAR LA JUSTICIA

Las cartas parecían echadas antes de la sesión, puesto que los miembros del alto tribunal tenían encima de la mesa un proyecto preliminar del magistrado Luis María Aguilar que calificaba la propuesta de 'concierto de inconstitucionalidades'.

Consideraba que se vulnera la presunción de inocencia de los expresidentes y subrayaba que la justicia no se pude someter a consulta, dado que las autoridades están 'obligadas' a denunciar cualquier delito con independencia de lo que opine la población.

Una postura que el magistrado Javier Laynez resumió: '¿Podemos siquiera imaginar una consulta sobre si se debe investigar y perseguir a los presuntos inculpados en el caso Ayotzinapa (desaparición de 43 estudiantes)? (...) La justicia no se consulta'.

Si bien prácticamente todos consideraron que la consulta es innecesaria, porque la Fiscalía no tiene actualmente ningún impedimento para investigar y enjuiciar a los expresidentes, una mayoría ajustada prefirió no restringir el derecho a la consulta popular.

El mayor defensor de esta tesis fue el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, quien vio 'una oportunidad histórica para dar un sentido verdaderamente democrático al mecanismo de consulta popular'.

Por un lado, defendió que la consulta traerá una 'democracia más plural', pero por otro subrayó que no será vinculante y por tanto no dejará la justicia a 'merced de la opinión pública'.

Una línea muy similar a la del presidente López Obrador, quien antes de la votación pidió a la Suprema Corte que no negara 'al pueblo su derecho de participación' y exigió 'que se haga valer a plenitud la democracia en el país'.

La decisión, en cambio, dejó perplejo al director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, quien la calificó de 'delirio constitucional' y opinó que 'si tienen evidencias contra expresidentes los tienen que investigar' en lugar de 'convertir el país en un circo romano'.

OBJETIVO ELECCIONES

Tras el aval de la Suprema Corte, el primero a una consulta popular en el país, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe organizar ahora la convocatoria de la consulta para el próximo año, cuando también se celebrarán las elecciones más grandes de la historia de México, con la renovación de la Cámara de Diputados y 15 de los 32 gobiernos estatales.

Para el jurista de la UNAM, la consulta popular es una estrategia de López Obrador para estar presente en el proceso electoral del próximo año e intentará que el referendo se celebre el 6 de junio, coincidiendo con los comicios.

'Es una consulta de tintes políticos para legitimar al Gobierno con un programa para juzgar a los que considera los grandes enemigos de la nación: los expresidentes', dijo Garza.

De hecho, al justificar la consulta, López Obrador aseguró que durante el Gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994) fue 'cuando crecieron más' las desigualdades y que con Zedillo (1994-2000) se llevó 'a sus últimas consecuencias' las 'políticas privatizadoras'.

Acusó a Fox (2000-2006) de intervenir 'indebida e ilegalmente' en las elecciones presidenciales de 2006, en las que López Obrador perdió frente a Calderón (2006-2012), y a este lo señaló por entregar territorio a 'las bandas delictivas'.

De su predecesor directo, Peña Nieto (2012-2018), dijo que recibió 'grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial'.

Aunque el mandatario es el principal promotor de esta consulta apoyada por unos 2 millones de firmas ciudadanas, López Obrador dijo que votaría en contra de enjuiciarlos porque quiere evitar la 'venganza'.

No obstante, para Garza, el hecho de que los nombres de los mandatarios ya no estén en a pregunta, dará vía libre al presidente para usarla a su 'conveniencia'. EFE

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