Una juez y una auxiliar son imputadas por adopciones irregulares en Bolivia
EFE
La Paz, 9 oct (EFE).- Una jueza y una auxiliar de juzgados fueron imputadas por la Fiscalía boliviana por su presunta implicación en procesos irregulares de adopción de menores en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra la juez Heydi M.Q.F. y la auxiliar de un juzgado de Familia Rosmery M.U. por los supuestos delitos de 'consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados e incumplimiento de deberes', señaló este viernes en un comunicado de la Fiscalía General del Estado.
La juez fue denunciada hace unos días por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El Alto ante el Consejo de la Magistratura por supuestamente dar lugar a adopciones irregulares, indicó el fiscal Ángel Saavedra, citado en el comunicado.
Dos funcionarios del Concejo de la Magistratura inspeccionaron los expedientes del juzgado a cargo de Heydi M.Q.F. 'y, al encontrar irregularidades, pusieron el hecho en conocimiento del Ministerio Público', señaló el fiscal.
La imputación se hace ahora 'luego de haber encontrado los suficientes elementos de convicción que hacen presumir la participación' de la juez y la auxiliar en este suceso, agregó.
Según las investigaciones preliminares, en los expedientes de los procesos de adopción del juzgado investigado se detectaron firmas irregulares de la auxiliar Rosmery M.U., 'quien firmaba como abogada patrocinante y con el proveído' de la juez investigada, indica el comunicado del Ministerio Público.
La Fiscalía instruyó la aprehensión 'de ambas sospechosas, quienes la noche de este jueves fueron imputadas y actualmente se encuentran a la espera de su audiencia de medidas cautelares', precisó Saavedra.
El año pasado, la Defensoría del Pueblo denunció unas supuestas irregularidades en trámites de adopción de menores en La Paz, incluidos cobros de dinero cuando las normas establecen que estos procesos son gratuitos.
El Servicio Departamental de Gestión Social de La Paz rechazó entonces aquella denuncia, al asegurar que el dinero que se cobraba era para costear cursos de capacitación para los padres adoptivos, al amparo de una ley departamental.
Desde 2019 está vigente en Bolivia una norma para agilizar los trámites de adopción de menores que han sido abandonados, con el fin de garantizarles la restitución de su derecho a tener una familia. EFE
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