Una recusación frena causa penal por masacre de jesuitas en El Salvador
San Salvador, 14 ene (EFE).- La causa penal por la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres en 1989 en El Salvador lleva más de seis meses en pausa en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por una recusación no resuelta contra uno de los jueces de este órgano de Estado, dijo este martes a Efe el abogado Manuel Escalante.
El letrado, miembro del jesuita Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), señaló que el juez recusado es parte de la Sala de lo Penal de la CSJ, instancia que debe resolver un recurso de casación relacionado con dicha causa penal.
De acuerdo con Escalante, la defensa de los involucrados en el proceso recusaron a dos jueces de la referida sala, pero el pleno de la CSJ únicamente ha resuelto uno de estos recursos.
'El juicio del caso jesuitas no avanza porque la CSJ no ha logrado resolver una recusación que se presentó entre 8 a 6 meses (atrás). Estamos hablando de un comportamiento que está afectando la pronta y cumplida justicia', subrayó Escalante.
Por otra parte, el abogado de derechos humanos celebró que la Audiencia Nacional española juzgará entre el 8 y 16 de julio próximo al coronel retirado Inocente Montano por su supuesta participación en la matanza.
El septuagenario es el primer militar salvadoreño que responderá ante la Justicia de España por el asesinato de los religiosos de origen español, y para quien la Fiscalía pide 150 años de cárcel.
Destacó que el avance del proceso, que presenta en su acusación los mismos hechos que en el caso abierto en El Salvador, 'ha ido demostrando que los argumentos y análisis de eso hechos como un crimen de lesa humanidad realmente tiene sentido en el mundo jurídico'.
'Si en la lógica de justicia universal la Justicia española está reconociendo estas acusaciones, esperaríamos que en El Salvador también avance', concluyó.
Un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 2016 anuló la ley de amnistía de 1993, normativa que sepultó por más de dos décadas la posibilidad de enjuiciar a los autores intelectuales del crimen.
Dicha resolución judicial, que permitió reabrir en abril de 2018 el proceso de los jesuitas a petición de la Compañía de Jesús, también mandó a los diputados a emitir una ley que garantice a las víctimas el acceso a las justicia y a medidas de reparación.
Los señalados, cuya inclusión en el proceso está en manos de la Fiscalía salvadoreña, son el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes, Rafael Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano.
Los jesuitas asesinados la madrugada del 16 de noviembre de 1989 fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, también la empleada Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos.
Por este crimen únicamente está encarcelado el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991 por trasladar la orden de asesinar a los jesuitas al grupo que irrumpió en la UCA y a quien la Justicia le ha negado el indulto y conmutación de la pena. EFE
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