TC deja en estado de fallo acción en contra de la obligatoriedad de la tarjeta de vacunación
La resolución que obligaba la presentación de la tarjeta de vacunación cesó con el levantamiento de todas las medidas COVID
Diario Libre
El Tribunal Constitucional (TC) dejó en estado de fallo cinco expedientes de acción directa de inconstitucionalidad durante una audiencia pública celebrada este viernes en la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia.
El presidente del tribunal, Milton Ray Guevara, encabezó la sesión en la que el Pleno dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2021-0031, que tiene como accionantes al pastor y político Carlos Peña, Roberto Carlos Jiménez Féliz, Cristian Benjamín Peña Cuevas y Patricia Peña Cuevas, en contra la Resolución 000048 emitida por Salud Pública el 8 de octubre del 2021.
Esta resolución obligaba la presentación de la tarjeta de vacunación contra el coronavirus para ingresar a espacios públicos y privados o en su defecto una prueba PCR negativa.
Los accionantes calificaron esta resolución como violatoria de derechos consagrados en la Constitución.
Además, en esa audiencia también se conoció el expediente TC-01-2021-0029, en el que los accionantes Yan Carlos Martínez Segura, César V. Polanco Reynoso y Carmen Orozco Martínez atacaron los artículos 64 y 69 de la Ley 42-01, General de Salud y el ordinal tercero, párrafos I y II, de la Resolución 000048.
En este caso los jueces concedieron un plazo de tres días calendarios a todas las partes, que, al concluir el expediente quedará en estado de fallo.
Cabe destacar que con el levantamiento de las medidas contra el COVID-19, el pasado 17 de febrero cesó la presentación de la tarjeta de vacunación como requisito para ingresar a lugares públicos y privados. Esta medida estuvo vigente en el país durante cuatro meses.
Por otro lado, también fue declarado en estado de fallo el expediente TC-01-2021-0030, en el que Brezhnev Rafael Jiménez Jiménez y César Tabaré Roque Beato, incoaron una acción en contra de la Resolución 2087-2006, de fecha 20 de julio del 2006, que añade y modifica la Resolución 296-2005 sobre las atribuciones del juez de la ejecución de la pena y otros errores materiales en el procedimiento de la libertad condicional.
Otro expediente que quedó en estado de fallo fue el TC-01-2021-0032, que contiene la acción del Colegio de Abogados de la República Dominicana y su presidente, Miguel Surún Hernández, en contra del artículo 74 de la Ley 3-19 que crea el Colegio de los togados.
Este artículo establece que los fondos recaudados por el gremio deben ser fiscalizados y auditados por la Cámara de Cuentas.
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Del mismo modo, quedó a espera de fallo el expediente TC-01-2021-0033, que tiene como accionante a Ruddys Antonio Mejía Tineo, quien ataca el Dictamen 2021-33-00092-IGMP, dictado por la Inspectoría General del Ministerio Público (IGMP) el 8 de diciembre de 2021.
Además del magistrado presidente, en la audiencia pública estuvieron presentes los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer sustituto del presidente, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, José Alejandro Ayuso, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Justo Pedro Castellanos Khoury, Domingo Gil, María del Carmen Santana de Cabrera, Miguel Valera Montero, José Alejandro Vargas Guerrero y Eunisis Vásquez Acosta.
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