Dictan prisión preventiva a una pareja señalada de formar parte de una red de secuestro
La víctima fue objeto de tortura durante cuatro días, según el Ministerio Pública
Diario Libre
Un tribunal de la provincia La Altagracia impuso tres meses de prisión preventiva a una pareja imputada de formar parte de una red de secuestro y lavado de activos.
El Ministerio Público imputa a Tairi Vásquez Severino y Jhan Carlos Rivera Martínez de ser testaferros de Alfredo Vásquez Severino y Ambioris Vásquez Severino, quienes junto a otros miembros de la supuesta red realizaron un secuestro en La Otra Banda, Higüey, por el que solicitaron 20 millones de pesos por el rescate.
Vásquez Severino y Rivera Martínez fueron apresados durante un allanamiento realizado de manera conjunta por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, con el apoyo técnico de las Unidad Antisecuestro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Policía Nacional
Según una comunicación de prensa, la jueza Francis Reyes Diloné dispuso que la medida fuera cumplida por los imputados en la cárcel de mujeres de La Altagracia y en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya para hombres.
Los fiscales litigantes Claudio Cordero, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y representante de la Unidad Antisecuestro, y Surielly Guerrero, de la Fiscalía de La Altagracia, motivaron la solicitud, en base a los méritos de las pruebas recabadas.
El órgano acusador sostiene que con el dinero obtenido del secuestro, los imputados adquirieron dos vehículos de alta gama en una agencia de vehículos en Santo Domingo Este, los que estaban bajo el dominio de uno de los imputados al momento de su arresto en mayo de este año.
Torturaron víctima
La víctima fue objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes, de golpes, heridas durante cuatro días, lo que le causó fuertes traumas emocionales, agrega el Ministerio Público.
De igual manera, obligaron a la familia de la víctima a buscar más de 6 millones de pesos y hacer traspasos de vehículos a nombre de relacionados a los imputados, como método para evitar dejar rastros que los incriminaran.
Por su parte, las titulares de Antilavado del Ministerio Pública, Ramona Nova, y de La Altagracia, Claudia Garrido, expresaron que esta es una decisión dictada en derecho y confían en que el sistema de justicia castigará a los procesados de manera ejemplar por la participación de los imputados en los hechos.
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