Procuraduría sobre acuerdos en casos de violencia de género: “Son responsabilidad compartida”

  • La encargada de Comunicaciones de la entidad dice que el procurador no puede actuar por encima de la ley, la cual contempla que se hagan acuerdos
  • Afirma que el Ministerio Público se ha manejado con responsabilidad cuando sus miembros violan las normas
$!Procuraduría sobre acuerdos en casos de violencia de género: “Son responsabilidad compartida”
La Procuraduría General de la República.

El Ministerio Público ha recibido en estos días múltiples cuestionamientos por los acuerdos que ha firmado con victimarios en casos de violencia de género, que luego han degenerado en feminicidios. Una de las preguntas que se hacen muchos es ¿cómo el organismo incurre en ellos si, precisamente, ejecuta una campaña en contra la violencia de género?

Julieta Tejada, encargada de Comunicaciones de la Procuraduría General de la República, explicó que los acuerdos se firman porque están establecidos en la ley y ese organismo “no puede actuar contrario a lo que diga la ley”. También planteó que en el tema de los acuerdos firmados en los casos de violencia de género participan muchos actores y uno de ellos es el Poder Judicial, que a través de los jueces que homologan los pactos “tiene una responsabilidad compartida”.

“Los acuerdos están establecidos en el Código Procesal Penal, los acuerdos para cualquier tipo penal, no solamente para un hecho de violencia de género, pero para las tentativas de asesinatos están prohibidos. ¿Entonces, tú decías qué por qué nosotros firmamos acuerdos? ¿Qué ha hecho el procurador con respecto a eso?, porque él no puede actuar fuera de la ley. El procurador no puede decir a algo que está establecido en la ley, él decir que no, que eso no se puede hacer, porque él no puede estar por encima de la ley”, explicó a Diario Libre al ser consultada sobre el tema.

Sin embargo, la funcionaria aclaró que la entidad ha regularizado esas firmas en procura de, que cuando se arribe a alguna, “se haga con la certeza de que no se perjudicará a la víctima y que se realice apegada al debido proceso”.

En ese sentido, dijo que la Procuraduría, dentro del programa contra la violencia de género que ejecuta, creó una dependencia y dictó una norma para “limitar esos acuerdos”.

“¿Cuáles son? Que cuando se vaya a firmar un acuerdo, deben obtener primero la aprobación del Director Nacional de Persecución, que es un funcionario de alto nivel del Ministerio Público que está adscrito al despacho del procurador para que sea ahí donde se evalúen esos acuerdos, que eso sirva de cedazo, para depurar. Si el acuerdo procede, entonces se autoriza, si el Director Nacional de Persecución entiende que hay algunos indicios, algunos elementos particulares en ese convenio que se quiere firmar (que) ponen en peligro la vida de la víctima, lo prohíbe y no lo autoriza”, detalló Tejada.

El otro elemento citado por la funcionaria fue la prohibición “tajante” de que se llegue a un acuerdo cuando haya tentativa de asesinato. “Son dos instrucciones precisas que el procurador dio para el tema de la firma de acuerdos, que fueron violados por la hoy arrestada exfiscal Margarita Hernández”, subrayó.

“El proceso involucra a muchas personas”

Tejada hizo hincapié en que hay que tener presente en que cuando se firma un acuerdo de este tipo, son varias las personas y entidades involucradas y no solo el Ministerio Público, por lo que entiende que hay una responsabilidad de todos.

“Ahora también, recuerda que los acuerdos, tras llevarse a cabo y tener carácter de sentencia, tienen que estar homologados por el juez, entonces también, el juez tiene ahí una participación digamos, o una responsabilidad compartida, porque el juez de la ejecución de la pena es quien lo homologa y si ha habido un desempeño cuestionable, supónte tú, por parte de la fiscal, todavía cuando se lleva eso al juez, pues el juez tiene en sus manos la potestad para enderezar el asunto, por qué, porque el juez lo puede rechazar”, adujo.

Julieta Tejada, encargada de Comunicaciones de la Procuraduría General de la República.
Julieta Tejada, encargada de Comunicaciones de la Procuraduría General de la República. ( )

“El Poder Judicial que haga su parte”

“Porque el Ministerio Público está haciendo su parte, ahora, yo te digo algo, también el Poder Judicial tiene que hacer su parte, también las familias tienen que hacer sus partes, porque este tema es social, tú entiendes, y a la hora de llegar a un acuerdo de esa naturaleza, participan todos esos actores: participa la víctima, pero digamos que la víctima es la menos responsable porque sabemos en qué condiciones psicológicas pudiera estar una mujer en esas circunstancias, una persona que quizás psicológicamente está en una situación de vulnerabilidad, pero en un acuerdo como estos participan muchos actores, participan la familia de la víctima, participa la misma víctima, participan los abogados, la parte del agresor, como los de la parte de la víctima, participa el Ministerio Público, el fiscal a cargo, participa el juez”, expresó.

Agregó: “Y la responsabilidad debe ser compartida, entiendo yo, es lo justo. Ahora qué tiene que hacer cada quien? Actuar, el Ministerio Público está actuando”, planteó y puso de ejemplo los casos de los feminicidios de Anibel González y Juana Domínguez Salas, en los cuales la suspendida fiscal Margarita Hernández arribó a acuerdos.

Sobre estos casos, dijo que fueron irregulares y que el Ministerio Público lo ha asumido y que por ello sometió a la Justicia a la exfiscal y pedirá prisión contra ella.

Reconoce que ha habido incumplimiento

“Ahora bien, qué es lo que ha pasado, que esos dos acuerdos específicamente, los dos casos que han pasado en San Pedro de Macorís, la fiscal actuante violó esa disposición y no buscó la aprobación del Despacho del Director de Persecución y fue por eso que se inició un proceso disciplinario en principio”, continuó Tejada.

“Pero básicamente esa es la situación que ha generado esto: el incumplimiento, el incumplimiento de un miembro del Ministerio Público, el incumplimiento de una instrucción ha generado todo este tema”, expresó y dijo que el Ministerio Público lo que hace para “controlar” los más de miles de fiscales que -dijo- hay en todo el país, es dar instrucciones basados en su ley orgánica.

“Entonces cómo controlar la gestión de todos los fiscales si hay una independencia de actuación para tomar decisiones, qué hace el procurador, bueno utiliza el mecanismo que le da la ley orgánica, que es dar instrucciones, pero es el fiscal que tiene que acatar y cumplir esas instrucciones. Si aparece una ‘n’ cantidad de fiscales que no la cumplen, no es responsabilidad del procurador. Ahora bien, lo que si hay también es un mecanismo para que esos fiscales que incumplen con su deber y que incumplen con esas instrucciones, pues tengan vía de consecuencia, qué es lo que está pasando y tú ha visto que pasa allá (San Pedro de Macorís). Cada vez que se determina que un fiscal ha incumplido su cometido y ha faltado se ha procesado”, expresó.

El pedido de Finjus

Ante los femicidios cometidos en San Pedro de Macorís, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) llamó al Ministerio Público “dar un mensaje contundente a la sociedad” y prohibir que se continúen haciendo arreglos con los agresores de mujeres como salida del sistema de justicia penal de los casos de violencia de género por considerar que no cumplen con los requisitos que establece la ley en la mayoría de los casos.

“La mayoría de los acuerdos en los casos de violencia contra la mujer como salida del sistema de justicia penal deberían ser inaplicable en el marco de nuestra realidad concreta social, es decir, es un tema que debe ser analizado, ya que estos criterios de oportunidad son otorgados pese a que no se cumplen los requisitos que establece la ley (...). En otras palabras ahí hay una irregularidad”, afirmó Castaños Guzmán en un comunicado que envió a Diario Libre.

20191107 https://www.diariolibre.com

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