Un sistema que desoye los plazos del Código del Menor
Aunque la Ley 136-03 establece un máximo de 45 días para la prisión provisional de los adolescentes, estos suelen esperar hasta año y medio por una decisión
Tania M
Su hijo tiene referimiento para el psiquiatra. La mujer cuenta que, durante su embarazo, su esposo le golpeaba mucho y que el niño nació con problemas. A los diez años, el que es el menor de sus seis hijos “cogió la calle” y dormía en cualquier lugar.
Comenta que hasta el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) ha tenido que llevarlo a su casa en varias ocasiones. En una de sus escapadas, el niño quedó involucrado en un caso de robo por lo que ahora, a sus 16 años de edad, está detenido preventivamente en un centro de corrección de menores.
“Ocho meses ute´ y la audiencia la reenvían, la reenvían... hoy dique tiene juicio a fondo, y el pobre muchachito desepera´o y yo deseperá. Yo me estoy cayendo muerta”, dice la señora, cuyo nombre se omite para proteger la identidad del menor.
Ella no sabe hablar exactamente del caso de su niño, pues ocurrió en un lugar distinto a su residencia, cuando el joven supuestamente dormía en un autobús en la calle. Solo ha escuchado, por su abogado, que quienes le acusan no tienen evidencias de que su hijo haya cometido tal delito, sino que pudo ser testigo del robo.
La mujer dice que no trabaja y que se mantiene de lo poco que le dan sus otros hijos. Con un aspecto que denota contrariedad, expresa que solo espera que se decida la suerte de su niño.
Por disposición de la Ley 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, al hijo de la señora se le debió decidir la suerte en solo 30 días, máxime 45, para saber si será sancionado o absuelto.
La legislación establece que el plazo máximo de la privación de libertad de los menores que pueden ser perseguidos penalmente (entre los 13 y los 17 años) es de 30 días, aunque puede haber una prórroga que, en ningún caso será mayor de 15 días, otorgada por un juez. Igual tiempo tiene el Ministerio Público para realizar su investigación, cuando los menores de edad estén en prisión. Solo en los casos que los menores son investigados en libertad, el plazo puede llegar hasta un año.
Menores encerrados bajo un sistema de vulneraciones
Sin embargo, la realidad del sistema de justicia de menores es una franca violación a esos plazos que pueden alargar el tiempo de fondo del proceso hasta en año y medio sin que haya una condena.
“Todo es reenvío y reenvío y no dicen nada de si le van a cantar o no le van a cantar (condena)”, se queja la madre de otro menor de 17 años detenido hace seis meses, mientras espera para visitarlo en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Caiplaclp) que funciona en la localidad Hato Nuevo, conocida popularmente como Ciudad del Niño.
Junto a ella, otra madre asegura que su hijo, también de 17 años, entró al sistema hace cuatro meses por supuestamente matar a un compañero, (cosa que el joven niega), y que, desde entonces, todo ha sido “reenvío y reenvío y reenvío”.... ” Y no se le ha comprobado que fue él, no se le ha cantado, no se le ha hecho nada”, se queja.
Las estadísticas que maneja la Dirección Nacional de Atención Integral para la Persona Adolescente con conflicto con la Ley Penal (DINAIA) muestran que de 455 menores de edad están internos en los siete centros de atención existentes en el país, 323 son preventivos y 132 sancionados.
La directora del sistema, Elba Núñez, señala que los casos de esos menores pueden durar entre un año y año y medio antes de que se dicte una sentencia.
La falta de un personal especializado para abordarlos como establece la ley y una alta incidencia de la participación de los menores en conflicto con la ley, contribuyen a esa realidad, describe Núñez.
A diario, un promedio de uno a dos casos de menores entran al sistema, según dice.
Solo en 2020 entraron 1,344 infracciones (un promedio de 3.6 por día) a la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes, según los datos que registra el Poder Judicial. La cifra es de 16,372 si se suma desde ese año hasta el 2014.
De acuerdo a la Ley 136-03, estos casos debe llevarlo un personal especializado tanto de la Policía Nacional, el Ministerio Público como en los tribunales.
De la cantidad de personal que los sigue por parte del Ministerio Público, no se conoce la cantidad. Aunque se solicitó el dato a la Procuraduría General de la República, no hubo respuesta hasta la publicación de este tema. Por ley se establece que en cada Departamento Judicial haya un procurador de corte de apelación y un fiscal titular especializado en niños, niñas y adolescentes y como mínimo un ayudante de cada uno por cada distrito o departamento judicial.
“El sistema de justicia no está preparado para cumplir los tiempos establecidos en la ley afectando lamentablemente una población en vulnerabilidad... Si bien es cierto que tenemos unos tribunales especializados, aunque no hay uno en cada provincia, no menos cierto es que no todos los actores del sistema de NNA está especializados para trabajar con ellos”, comenta la abogada especializada en temas de familia, Michelle Pérez Fuente.
De su lado, Núñez plantea: “Básicamente, puedo decir que no hay una especialización del sistema y... Por ejemplo, los fiscales, asumo que pasa lo mismo con los jueces, ¿cuándo fue la última capacitación para especializar al personal del sistema? El personal se va, se muere, renuncia y ¿qué tan continuo estamos capacitando al personal para las especializaciones? ¿Qué pasa cuando un personal es trasladado de lugar de otra área al sistema de adolescentes?, ¿cuál es el requisito, la capacitación, para el que viene a ocupar ese nuevo puesto?
Pero también señala los incidentes que se dan en los procesos y retrasan su fluidez y el cumplimiento de los plazos; o abogados defensores saturados con la cantidad de expedientes que entran a los tribunales, pudiendo tener hasta 200 al mismo tiempo.
Más que los procesos que judicializan en los tribunales, las fiscalías del país han recibido un volumen de casos mayor que involucran a menores. Solo en 2020 hubo 9,774 casos de delitos contra niños, niñas y adolescentes. Entre ese año y el 2016 suman 39,535.
Pero la abogada Perez Fuente advierte otra situación que atenta contra los derechos de esos adolescentes internos. Los adolescentes no son tratados como tales, sino que son tratados como infractores de la ley penal, que representan un problema y riesgo para la sociedad. Esto se verifica en que, aunque los jueces de oficio deben salvaguardar los derechos de los adolescentes que entran en conflicto con la ley, dependiendo del delito que hayan cometido, no “quieren soltar a esos criminales a la calle”.
“Por último, pero no menos importante –dice- los adolescentes que entran en conflicto con la ley son de escasos recursos o han sido abandonados por sus padres o familia y, muchas veces, los familiares los tachan de incorregibles y no quieren hacerse responsables por ellos”.
La condición de preventivo que se alarga para los adolescentes es, sin embargo, una de las razones que inciden en las alteraciones de las situaciones de violencia que se dan en algunos de los centros.
“Los adolescentes duran mínimo un año (preventivo) y eso sí nos afecta, pues el preventivo, mientras no conoce su suerte, su comportamiento es diferente, más agresivo, no responde a los programas”, plantea Elba Núñez.
Explica que, aunque la ley no lo manda, ellos brindan un servicio igual a los sancionados y los preventivos y los incluyen por igual en los programas especializados.
Tania MolinaPeriodista y docente universitaria, con un máster en Comunicación Corporativa. Es redactora senior en Diario Libre. Acumula experiencia en el periodismo de investigación, de datos y como reportera, laborando en periódicos dominicanos y colaborando con medios internacionales. Es miembro de la comunidad periodística Connectas Hub.
Paola WiskyEgresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Ha participado como colaboradora en programas radiales y como periodista en El Nuevo Diario y Diario Libre.
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