Retorno de Organización Trump a República Dominicana desata preocupaciones por violaciones a la Constitución de EE.UU.
Varios reportes apuntan que las negociaciones podrían crear conflictos de intereses
Diario Libre
Varios reportajes de distintos medios estadounidenses han denunciado que la compañía del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump estaría reanudando negociaciones en República Dominicana que había abandonado hace 10 años, cuando la crisis económica del 2008. Los proyectos lujosos de urbanización con la marca Trump fueron dejados y compradores que habían hecho inversiones millonarias para adquirir casas de ensueño se quedaron con las manos vacías dice un artículo de ABC News publicado ayer lunes.
De hecho, el grupo Trump demandó a los desarrolladores y los perdedores fueron, según reportan medios internacionales, Ricardo Hazoury y el Banco de Reservas del Estado dominicano. Este último se quedó con 11 lotes valorados en 52 millones de dólares del proyecto Farallón que ni siquiera pudo vender ofreciéndolos con 65% de descuento.
Univisión y Columbia Journalism Investigation publicaron estas informaciones en un trabajo muy amplio en febrero de este año. La investigación explicó que inversionistas que compraron lotes y que habían gastado en ellos cerca de 2 millones de dólares en pagos; las tierras fueron pasadas al Banco de Reservas. Tres de estas personas demandaron bajo el alegato de que las propiedades habían sido cedidas por el Grupo Cap Cana al banco sin comunicarles, cuando ellos no habían realizado ningún acuerdo ni firmado un contrato con el banco, de los tres sólo uno ganó en una corte internacional.
La publicación dice que el Banreservas invirtió 68 millones de dólares para salvar el proyecto y terminó solamente con los lotes. Este trabajo de investigación también explica cómo la Organización Trump recibió 12 millones de dólares y demandó por 5.8 millones más en el 2012 al Grupo Cap Cana. Sin embargo, se llegó a un acuerdo y la compañía Trump recibió 1.1 millones de dólares más dos lotes del proyecto Farallón valoradas en 17 millones de dólares.
¿Vuelve la Organización Trump a Cap Cana?
A pesar de las disputas legales, las relaciones parecen haberse sanado entre el Grupo Cap Cana y la Organización Trump, según reporta el medio ABC. Se pudo confirmar a través de un investigador de Global Witness (grupo con más de 25 años de historia de investigación de regímenes corruptos, lavado de dinero y abusos de derechos humanos), que en el resort de Cap Cana, un agente de ventas estaba ofertando un condominio de la marca Trump en una nueva propiedad frente a la playa.
"Vamos a tener un nuevo desarrollo con la Organización Trump de departamentos y áreas comerciales", dijo una vendedora a un hombre que pensó que era un posible comprador y que en realidad era un investigador de Global Witness. "Eso todavía está en construcción... con la Organización Trump, todo en este momento está en buenos términos"; dice el reporte de ABC. De hecho, el investigador encubierto de Global Witness tomó imágenes de un agente de ventas enseñándole uno de los condominios que serán propiedad de la marca Trump.
La empresa que lleva el nombre del presidente y que dirige su hijo, Eric Trump dijo que el informe de Global Witness era “completamente falso”. No obstante, un ejecutivo de la Organización Trump dijo a ABC News que desde el 2007 la empresa siempre tuvo presente terminar un hotel frente a la playa y un condominio. “Esto todo estuvo contemplado desde el primer día”, dijo el ejecutivo que prefirió quedarse en el anonimato por no estar autorizado a discutir públicamente los detalles del contrato.
Pero lo que pone en entredicho la promesa y el juramento del presidente no es que retomen las negociaciones y se lleve a cabo el proyecto. Es que lo haga durante su tiempo como Jefe de Estado.
La Constitución de los Estados Unidos prohíbe en la Cláusula de Honorarios (Emoluments Clause) que los presidentes reciban cualquier regalo, beneficio, ventaja o servicio que lo beneficie en una transacción de negocios con algún otro presidente, príncipe, rey o una corporación que tenga lazos con alguna figura de las antes mencionadas. La cláusula está contemplada en el Artículo I y II de la Constitución estadounidense, y existe para prevenir que los presidentes de ese país puedan ser sobornados o influenciados por otros Estados o figuras representativas de estos.
El informe de Global Witness dice explícitamente que “nuevos o viejos, los negocios de Trump en República Dominicana presentan un conflicto de interés para él y para el pueblo estadounidense”, dado que “sus intereses comerciales y los intereses de la política exterior de los EE.UU. no siempre se pueden alinear”. Esto significa que, por un intercambio de favores, busquen obtener ventajas políticas ofreciéndole negocios jugosos a la Organización Trump.
En el reportaje de ABC también se menciona que ya República Dominicana ha intentado conseguir influencia en la administración de Trump. Se explica que en un trabajo de Politico.com sobre la firma Ballard Partners, propiedad del lobista Brian Ballard; éste habla de los clientes más importantes de la compañía y entre ellos se encuentra el gobierno dominicano. Brian es uno de los personajes más cercanos a Trump y su compañía firmó un acuerdo de 1.2 millones de dólares con el estado dominicano para “aconsejar, representar y asisitir” al presidente dominicano en “comunicaciones con funcionarios de los Estados Unidos”.
"Ese conflicto está ahí", dijo el senador demócrata Ben Cardin. “Como vemos en República Dominicana, están haciendo negocios adicionales. Así que ni siquiera han trazado la línea en sus empresas comerciales actuales. Las están expandiendo”.
ABC News dice que los demócratas en el Congreso han indicado que planean examinar de cerca las relaciones con el extranjero del presidente cuando tomen el control de la Cámara de Representantes el mes próximo.
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