A 10 años, ¿qué ha logrado la Ley de Libre Acceso a la Información Pública?

SANTO DOMINGO. Desde antes del nuevo milenio, representantes de la clase periodística y la sociedad civil demandaban una ley que garantizara el acceso a las informaciones públicas, como tienen otros países. Este 28 de julio, la exigida legislación cumple 10 años de promulgada. Ha servido de fundamento para 200 Oficinas de Acceso a la Información Pública (OAI), que han recibido miles de solicitudes, pero tiene pendiente mejorar los portales de Transparencia y luchar con funcionarios que rehuyen revelar cómo administran las instituciones estatales.

En julio de 2004, el entonces senador José Tomás Pérez, quien introdujo un proyecto que dio paso a la aprobación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04, declaró a DL: "Eso de hacer compras por debajo de la mesa de manera engañosa, con licitaciones simuladas que al final gana una empresa sin que se sepa el motivo, se acabará".

Hoy, 10 años después, evalúa: "A pesar de que ha habido algunas fallas en su aplicación, entiendo que la ley ha ido cumpliendo con parte de su cometido, porque ha contribuido a transparentar mucho más las instituciones públicas (...) Informaciones que antes se consideraban ‘delicadas' están inclusive en el Internet".

El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Olivo de León, entiende que la ley ha ayudado a perder "el miedo" de exigir información al funcionario público. Destaca que por negativas, se han incoado procesos judiciales y "casi todos han prosperado a favor del solicitante".

Pero, tiene una queja: "Esperábamos algo más, esperábamos que para esta altura muchos más sectores se hubiesen empoderado del uso de esta ley. Pensábamos que el sector prensa iba a tener mayor uso. En el caso de los políticos, creíamos que el uso iba a ser más masivo, sobre todo los políticos de la oposición".

Según los registros estadísticos de diferentes OAI, los estudiantes son quienes más aprovechan la ley para solicitar informaciones con fines de tesis o asignaciones académicas, así como ciudadanos de a pie, y en última proporción la prensa.

La OAI del Senado, por ejemplo, recibió entre 2011 y mediados de 2014, un total de 1,195 solicitudes, y apenas 16.8 % fue motivada por investigaciones periodísticas.

El veterano periodista Juan Bolívar Díaz, uno de los que propugnó por la ley, entiende que la legislación mejoró la perspectiva de obtener información. "De hecho, en algunos casos se han conseguido importantes informaciones que de otra forma no hubiesen sido accesibles a la ciudadanía", dice.

Sin embargo, considera que la prensa no hace más uso de la ley porque el periodismo de investigación está en crisis. "Está en crisis por varias razones: la primera es porque entró en crisis el salario de los periodistas y de los comunicadores (...) Segundo, porque las fuentes de profundización, tanto gubernamentales como privadas, han tratado de cooptar a los periodistas, a los comunicadores, y entonces se encuentran más dificultades porque muchos periodistas no quieren tropezar con los que dan publicidad, o los que dan salario y otros beneficios como ha dado el Estado, incluyendo a pensiones".

En una encuesta realizada por DL y respondida por 22 periodistas, 12 consideran que la ley vino a extender el tiempo para conseguir información. El tope máximo establecido por la legislación son 15 días hábiles, prorrogables por otros 10.

"Muchas veces te dan la información, pero no está completa. El periodista se tiene que conformar, porque insistir significa esperar otros 15 días, y el tema se pierde", respondió un encuestado.

Algunos opinaron que cuando refieren al periodista a la OAI, los datos fluyen más lentos o termina siendo un mecanismo para el funcionario controlar cuáles documentos entregar.

¿La gente hace uso o sabe de su derecho a buscar información?

De 350 encuestados por el Consejo de Acceso a la Información por la Transparencia, sobre el conocimiento y aplicación de la Ley 200-04, el 67 % dijo que no conoce la legislación.

Los encuestados fueron estudiantes de la UASD, O&M, UTESA, UCSD, PUCMM y representantes de gremios laborales. El 75 % se mostró partidario de que la ley se promueva en las escuelas y las comunidades.

Para el vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, Miguel Franjul, la ley sigue siendo una "ley de lujo". "O mejor dicho ‘uno de los secretos mejor guardados' en nuestro país, y aunque parezca una hipérbole incómoda, no lo es. Percibo que un porcentaje muy bajo de la ciudadanía la conoce y que por ello ha sido insuficiente su uso".

"No parece primar en los encargados o responsables gran entusiasmo por atender las demandas de información", dice.

El director general de Ética e Integridad Gubernamental, Marino Vinicio Castillo, aseguró en junio que la difusión de la ley llegará a los niveles de educación Básica y Superior. Este compromiso lo manda el decreto 486-12 que crea la Dirección que preside.