¿Quién se responsabiliza de los daños a bienes públicos?

“Quien causa un daño, está obligado a repararlo”, reza un principio universal, pero en la República Dominicana ese aforismo no se cumple a cabalidad con los bienes públicos, porque aunque existe un régimen de consecuencias, no se aplica para instruir al ciudadano y resarcir al Estado.

Es común ver bancos destruidos en parques, bombillas rotas, semáforos en el suelo, alcantarillas sin tapas, postes del tendido eléctrico a punto de caer, calles rotas, fugas de agua, estatuas destruidas, barandillas de puentes rotas, cables en el suelo, vehículos del Estado destruidos o con piezas robadas y otros daños a bienes públicos causados por accidentes de tránsito o por actos voluntarios o involuntarios que son indiferentes a muchos ciudadanos.

Esos bienes adquiridos o construidos con fondos generados por los impuestos que paga la ciudadanía parecen no tener dolientes para los que dirigen la cosa pública y muchos de los contribuyentes.

Lo que dicen las leyes

La Ley 5797 sobre destrucción de propiedad, promulgada en 1962, establece las sanciones para los infractores, pero pocas veces se aplica cuando se trata de bienes públicos.

En su artículo 1 indica: “Se castigará con pena de 3 meses a 1 año de prisión correccional y con multa de R$25.00 a RD$200.00, sin perjuicio de las penas que puedan aplicarse a los autores de hechos previstos y sancionados por el Código Penal, la trama que, ejecutada por dos o más personas, se materialice en forma de ataque por vías de hechos, desde el exterior a edificios, casas, otras construcciones o sus dependencias, urbanas o rurales, que pertenezcan a personas físicas o morales, públicas o privadas; o la comisión de estos mismos hechos en el interior de dichos bienes”.

Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y autor de libros sobre responsabilidad civil, divide en dos los daños causados al Estado: los afectados por accidentes de tránsito, los generados por protestas y los causados por la corrupción administrativa, aunque sean derivados de otros aspectos.

Asegura que no hay vacío en la legislación dominicana con respeto a la reclamación por daños y perjuicio o daños sufridos por bienes del Estado a consecuencia de los accidentes de vehículos de motor, eso está contemplado y que más aún, la ley de seguro, contempla que están obligados a repararlos.

¿De quien es la ciudad?

El urbanista Erick Dorrejo considera que en los ayuntamientos hay que crear ordenanzas que junto a políticas desde el gobierno se enfoquen en buscar que los daños a los bienes públicos sean resarcidos.

Entiende que la ciudad debe compensada porque es todos, y todos deben contribuir con la misma en la medida en que existe un destrozo, ya sea por un accidente o un acto voluntario, o involuntario y que evidentemente hay alguien que produce ese daño sobre el espacio público que afecta a todos.

Dice que los ayuntamientos y el gobierno central deben intervenir y plantea una alianza mutua que sería clave para que esa regulación y que sea fruto de políticas públicas en la que participen el INTRANT y la DIGESETT.

Cabildos: los más afectados

Los ayuntamientos son de las entidades públicas una de las más afectadas por daños a los bienes comunes y como explica el alcalde Radhamés Castro, de Boca Chica, aunque existen leyes no están muy claras.

Ante esa situación plantea la designación de fiscales especiales para los daños municipales en cada municipio que judicialicen y persigan a los responsables de los daños.

“Por ejemplo aquí Boca Chica nosotros tenemos la avenida Juan Bosch que es central entre Andrés y Boca Chica que tenemos que cambiarle los cables y las lámpara cada 15 y 20 días porque las ponemos y se roban, se roban la lámparas, a veces las dañan y hay desaprensivos que ni siquiera la venden sino que les dan un tiro y la dañan y eso significa un costo para el ayuntamiento porque la avenida oscura es un peligro para la comunidad”, cuenta.

También cita casos como los parque zoológicos a donde va gente que le hace daños a animales, a las estructura, en los malecones, una persona cualquiera va y destruye un banco y no le pasa nada y considera que debe haber una acción penal y una acción punitiva.

Pero para el expresidente de la Suprema Corte, Jorge Subero Isa, en el caso de los cabildos , los departamentos jurídicos pueden iniciar procesos para que particulares que han dañado algún bien lo puedan resarcir sin tener que crear una jurisdicción especial.

Acciones de FEDOMU

El problema del daño a los bienes públicos es tan frecuente en los municipios que la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) ya hace contactos con las altas instancias judiciales para buscar una salida.

Rafael Hidalgo, presidente de FEDOMU, informa que en los próximos días llegarán a un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) para capacitar dos fiscales por provincias para que traten los temas relativos a la municipalidad y las consecuencias que se derivan de las acciones de ciudadanos e instituciones que cometan infracciones contra los bienes de todos.

El también alcalde Azua puso de ejemplo que recientemente un vehículo de carga, privado, impactó una estatua de Enriquillo de mucho valor para el municipio y el cabildo inició un proceso judicial.

“Nosotros, mediante un sometimiento que hicimos ante la Fiscalía, logramos llegar a un acuerdo y ellos ya han pagado los daños causados a la estatua, no queremos que situaciones como esa se repitan, pero sí hicimos valer el derecho que tenemos como ciudad de recupera el daño que se hizo, ese es un ejemplo la empresa tuvo que pagar alrededor de 318,000 pesos”, informó.

Las gestiones del Intrant

Claudia Franchesca de los Santos, directora del INTRANT, afirma que 11 casos de daños causados por accidentes a semáforos y otros bienes públicos son reclamados por la parte jurídica de la institución a compañías aseguradoras, algunas de las cuales quieren pagarles un monto por debajo del costo real del daño causado.

Lograron identificar a los responsables de esos hechos por medio de las cámaras de seguridad del 911, las que tienen algunos semáforos y las imágenes privadas que consiguen.

“Hace unos meses en la Abraham Lincoln alguien se accidentó y sencillamente se llevó el control del semáforo que está en la parte inferior. Esa persona se fue, pero las cámaras nos dieron su placa, solo ese equipito que está ahí abajo la cotización que nos dieron fue de 12,000 dólares, entonces es un sistema muy costoso y las personas deben comenzar a tomar conciencia de cualquier daños a estos sistemas le cuesta mucho al Estado”.

Consideró que las aseguradoras deben hacerle entender a sus clientes que los daños a los bienes públicos tienen un costo y que hay que pagarlos y que a lo mejor haya que aumentar la prima, pero hay que hay que comenzar a cobrar. Diario Libre buscó la opinión sobre el tema de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores de Aseguradores y Reaseguradores y del Ministerio de Obras Públicas, pero no fue posible.