CPJ comienza a dar señales con procesos en contra de jueces
El órgano de gobierno se apresta a decidir una serie de puntos pendientes sobre magistrados
SD. La destitución del juez de Tierras de Jurisdicción Original de La Altagracia, Oscar Adolfo Caraballo Meriño eleva a tres la cifra de magistrados despedidos de esa jurisdicción por la ocurrencia de escándalos, desde el 2005.
Se advierte que el CPJ busca dar una señal de que no habrá contemplación con actuaciones que desborden las normas.
En La Altagracia, fueron despedidos por la pasada gestión de la SCJ, cuando tenía las atribuciones disciplinarias, el juez de la Instrucción, Teodoro Castillo y el de Paz Especial, actuando como juez Liquidador de Primera Instancia, Rafael Cedano González.
En febrero de 2010, un informe de la División para Asuntos de la Carrera Judicial de la Dirección General de la Carrera Judicial totalizaba en 40 los jueces de paz, de trabajo, de instrucción y otras jurisdicciones destituidos en un período de 10 años por cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Entre esos 40, de la región Este, estaban José del Victoria Yeb, del juzgado de paz de Nagua; Freddy Adolfo Féliz Isaac, de la Cámara Penal de La Romana; Luis Alberto Pourie Díaz, del Juzgado de Paz de La Romana; Teodoro Castillo, del juzgado de la instrucción de Higüey; Rafael Cedano González, juez especial de tránsito, sala 2 de Higüey y Antoni Gil Zorrilla, juez de Paz de Miches.
Más adelante, sonaron otros casos, como la destitución en noviembre de 2010 del juez de la instrucción de La Romana, Rodolfo Orlando Frías Núñez, de quien se dijo cobró un soborno para cambiar a libertad bajo fianza y presentación periódica la prisión preventiva que se había dictado contra Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), acusado de narcotráfico. En la región Este, el Distrito Judicial de la provincia La Altagracia ha sido blanco de cuestionamientos por las decisiones de los magistrados.
El conep
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) expresó su respaldo a las denuncias hechas por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana en torno a las presuntas actuaciones irregulares que de manera constante son atribuidas a las dependencias del Poder Judicial en la provincia La Altagracia. Manifestó su preocupación por las constantes denuncias de embargos ilegales y actuaciones al margen de la ley ejercidas por fiscales, jueces, alguaciles y funcionarios de registro de títulos.
Asonahores satisfecha
Aunque la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) dice desconocer si en la destitución de dos jueces de la región Este por faltas en sus funciones influyeron las reuniones que ese sector sostuvo en la Suprema Corte de Justicia, está complacida por la decisión del máximo órgano judicial.
"Asonahores acompañó a más de 10 o 12 miembros de diferentes cadenas hoteleras que presentaron quejas a la Suprema por sentencias de allanamientos y embargos habiendo utilizado alguaciles de otras jurisdicciones", recordó su vicepresidente, Arturo Villanueva.
La última visita, dijo, se produjo hace alrededor de un mes, cuando se conoció la sentencia a cinco años de cárcel a los principales ejecutivos de la cadena hotelera Barceló. "Es importante que la Suprema actúe de manera clara y diáfana para garantizar la seguridad jurídica en la República Dominicana", dijo.
Se advierte que el CPJ busca dar una señal de que no habrá contemplación con actuaciones que desborden las normas.
En La Altagracia, fueron despedidos por la pasada gestión de la SCJ, cuando tenía las atribuciones disciplinarias, el juez de la Instrucción, Teodoro Castillo y el de Paz Especial, actuando como juez Liquidador de Primera Instancia, Rafael Cedano González.
En febrero de 2010, un informe de la División para Asuntos de la Carrera Judicial de la Dirección General de la Carrera Judicial totalizaba en 40 los jueces de paz, de trabajo, de instrucción y otras jurisdicciones destituidos en un período de 10 años por cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Entre esos 40, de la región Este, estaban José del Victoria Yeb, del juzgado de paz de Nagua; Freddy Adolfo Féliz Isaac, de la Cámara Penal de La Romana; Luis Alberto Pourie Díaz, del Juzgado de Paz de La Romana; Teodoro Castillo, del juzgado de la instrucción de Higüey; Rafael Cedano González, juez especial de tránsito, sala 2 de Higüey y Antoni Gil Zorrilla, juez de Paz de Miches.
Más adelante, sonaron otros casos, como la destitución en noviembre de 2010 del juez de la instrucción de La Romana, Rodolfo Orlando Frías Núñez, de quien se dijo cobró un soborno para cambiar a libertad bajo fianza y presentación periódica la prisión preventiva que se había dictado contra Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), acusado de narcotráfico. En la región Este, el Distrito Judicial de la provincia La Altagracia ha sido blanco de cuestionamientos por las decisiones de los magistrados.
El conep
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) expresó su respaldo a las denuncias hechas por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana en torno a las presuntas actuaciones irregulares que de manera constante son atribuidas a las dependencias del Poder Judicial en la provincia La Altagracia. Manifestó su preocupación por las constantes denuncias de embargos ilegales y actuaciones al margen de la ley ejercidas por fiscales, jueces, alguaciles y funcionarios de registro de títulos.
Asonahores satisfecha
Aunque la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) dice desconocer si en la destitución de dos jueces de la región Este por faltas en sus funciones influyeron las reuniones que ese sector sostuvo en la Suprema Corte de Justicia, está complacida por la decisión del máximo órgano judicial.
"Asonahores acompañó a más de 10 o 12 miembros de diferentes cadenas hoteleras que presentaron quejas a la Suprema por sentencias de allanamientos y embargos habiendo utilizado alguaciles de otras jurisdicciones", recordó su vicepresidente, Arturo Villanueva.
La última visita, dijo, se produjo hace alrededor de un mes, cuando se conoció la sentencia a cinco años de cárcel a los principales ejecutivos de la cadena hotelera Barceló. "Es importante que la Suprema actúe de manera clara y diáfana para garantizar la seguridad jurídica en la República Dominicana", dijo.
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