Adjudicación dispositivos supondría $1,300MM de más

Si se ejecutan los contratos del proceso Excepción de Urgencia para la Adquisición de Dispositivos Tecnológicos para la Ejecución del Plan Nacional “Educación para todos preservando la salud”, realizado por el Ministerio de Educación, el Estado tendría que pagar de más RD$1,300 millones por la adquisición de los equipos. Así se desprende del acta de la audiencia en que se conoció la cautelar interpuesta por unos licitantes.

El dato salió a la luz en las vistas realizadas por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la solicitud de medida cautelar presentada por el Ministerio de Educación en contra de las decisiones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que anulan casi todos los 56 lotes de dispositivos electrónicos que contrató en diciembre de 2020 por RD$10,324.4 millones, para incluir las ofertas de varias empresas excluidas.

De acuerdo con el abogado representante de la DGCP, Alfredo Bueno, hasta septiembre las empresas a las que se adjudicaron los lotes solo habían entregado el 17 % de netbooks, laptops y tabletas.

Explicó al tribunal que la resolución que emitió no busca entorpecer los deberes del Minerd, sino cumplir con los deberes de la DGCP y que no se trata de entorpecer el curso del año escolar 2021-2022, porque el proceso se convocó para el año 2020 y ese curso ya concluyó.

“Sobre el peligro de la demora que alega el Minerd no se configura y el interés general, somos partícipes, pero queremos que se adquieran de manera correcta, los procesos tienen una diferencia proyectada de RD$1,300 millones que en caso de tomarse la decisión de suspender la resolución sería lo que estaría pagando de más el Estado Dominicano”, explicó Alfredo Bueno al tribunal.

Refirió Bueno que hay algunas empresas que han entregado el 100% y que sobre estas no tienen objeción en que continúen con sus trámites y que se dejara esa cuestión para el recurso de fondo.

El presidente decida

Mientras que los abogados de Casa Duarte S.R.L, Guillermo Sterling, Cristóbal Rodríguez y Babaji Cruz, expusieron que el Minerd no tiene capacidad procesal para elevar esta instancia pues NI esa institución, ni la DGCP tienen personería jurídica, porque las dos son parte del único ente que tiene personería jurídica que es el Estado.

Refirieron que, dentro de los principios de la administración pública, que es el principio de unidad, no puede ser que un ministerio esté demandando a la DGCP de conformidad con el orden jurídico del país y que la acción de una medida cautelar es “un acto típico de deslealtad administrativa”.

“Además, es un acto que viola el artículo 17 numeral 6, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, porque se va a un tribunal donde la ley establece que es ante el presidente de la República, para que este resuelva lo que ellos dicen que fue dado por un órgano incompetente”, recalcaron.

Lamentaron que el Minerd no abordara sobre las irregularidades que consistieron en la modificación de la metodología de selección de los lotes, pues este es un procedimiento que alteró en el curso de su desarrollo tal y como detalla pormenorizadamente la resolución que está atacando.

Los abogados del Minerd Julián Gómez Mencía, Juan Manuel Guerrero, Gilberto Sánchez Parra, Luis José Rodríguez y Gilbert de la Cruz Álvarez rechazaron los argumentos de los representantes de la DGCP y solicitaron al TSA desestimarlos, alegando que se pide que se falle sobre el fondo y no sobre el recurso de nulidad. “Esto es un caso que está replicado en instancias cautelares anteriores y se trata de una suspensión dispuesta unila- teralmente por la DGCP de forma reñida con el principio de legalidad, toda vez que se trata de un proceso de urgencia relativa al año escolar”, explicaron ante el tribunal.