ADP denuncia ante la Sisalril que ARS privadas se apropian de los afiliados del Semma

La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) encabezó una delegación del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato que visitó esta mañana al superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Pedro Luis Castellanos, para solicitarle disponer el traslado inmediato de los docentes a la Administradora de Riesgo de Salud de los Maestros (ARS-Semma) que están dispersos en diferentes aseguradoras privadas en violación con lo establecido en las normativas legales vigentes del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Xiomara Guante explicó que entre pensionados y activos hay 108 mil docentes; los activos son alrededor de 86 mil y que cerca del 50% están afiliados en aseguradoras de salud privadas.

Dijo que el 65% de los profesores tienen edades de 45 años en adelante, lo que representa una carga muy difícil para el Semma y que hay 18 mil jubilados y pensionados, quienes presentan mayor siniestralidad al Semma, la única ARS que les preserva la cobertura de salud, luego del retiro de su vida activa, cuando otras aseguradoras, principalmente privadas, les expulsan tan pronto dejan de ser empleados activos.

Guante acusó a las ARS privadas de querer impedir el cumplimiento de la ley, para continuar enriqueciéndose con los recursos de los docentes, para luego abandonarlos, dejándolos sin cobertura, cuando son jubilados o pensionados, que es el periodo de la vida en que más lo necesitan.

Ante esa situación, la presidenta del gremio respaldó la sentencia TC/0573/18 del Tribunal Constitucional que declara inadmisible la acción de amparo interpuesta por varias ARS privadas, para impedir la aplicación de la resolución 00189-2012 de la Sisalril, que establece los procedimientos de traslado automático de los empleados públicos al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y de autogestión, como el Semma.

Los maestros acudieron a la Sisalril por ser esta la instancia rectora del sistema de seguridad social dominicano, quien debe garantizar el cumplimiento de la ley en materia del aseguramiento de salud y riesgos laborales y además velar por los derechos de los afiliados, la estabilidad financiera de las ARS y el sistema en su conjunto.