Columnas cortas prevalecen en las escuelas pese a su peligro ante un sismo

Por: Tania Molina

Ni la existencia desde 2011 de un reglamento que dicta las normas de construcción en un país de vulnerabilidad sísmica como República Dominicana, ni la disponibilidad de más recursos económicos debido a la aplicación desde 2013 de la ley que ordena destinar el 4% del producto interno bruto (PIB) a la educación preuniversitaria, han logrado erradicar el vicio de construir las escuelas con las denominadas “columnas cortas”.

El modelo de construcción, altamente criticado entre ingenieros por el riesgo que supone para los alumnos y maestros ante la ocurrencia de un terremoto, prevalece en los planteles escolares y pone en evidencia la falta calidad en las estructuras y de una supervisión adecuada del Ministerio de Educación y otras entidades estatales.

Se consideran columnas cortas las levantadas por los constructores unidas de forma sólida a una pared, la cual limita el desplazamiento de la estructura en caso de recibir un impulso telúrico.

Estudios realizados en escuelas evidencian que esa irregularidad existe en las edificaciones antiguas y se sigue replicando en las construidas luego de 2013, año en que el Gobierno inició un plan de construcción masiva de nuevas aulas.

Junto a las columnas cortas, la mala colocación o interrupción de vigas de amarre, la baja calidad del hormigón y los problemas por su ubicación, hacen que muchos planteles sean un riesgo potencial para los estudiantes y profesores y que la inversión del 4% del PIB que va a parar a nuevas aulas se pierda ante un temblor de magnitud considerable.

De la vulnerabilidad que tiene el país a la ocurrencia de un terremoto hablan las 15 fallas sismogénicas que cruzan la isla de Santo Domingo, según se detalla en el Estudio de Amenazas Sísmica de República Dominicana, realizado por el Servicio Nacional de Geología (SNG).

Pero ahora, cuando la isla Puerto Rico ha sido sacudida por un sinnúmero de sismos desde finales de diciembre pasado, incluyendo uno de 6.4 grados, y justo cuando se cumplen los 10 años del terremoto que devastó a Puerto Príncipe, Haití, el 10 de enero de 2010, se levantan los temores entre la población dominicana frente a la posibilidad de padecer eventos similares.

Se hace necesario, además, que se refuerce la seguridad en las edificaciones públicas, sobre todo en las escuelas que acogen en estos momentos a 2,152,239 alumnos y alrededor de 105,000 docentes.

A partir de 2013, cuando el Gobierno destinó el 4% del PIB a la educación, equivalente ese año a unos RD$99,000 millones, inició el Plan Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE). Hasta diciembre de 2018 se habían construido 18,902 espacios escolares, de los que 1,117 son centros educativos inaugurados, según informaciones publicadas por el Ministerio de Educación.

La Escuela Básica Marañón I, en el municipio Santo Domingo Norte, se incluyó en un grupo de 57 planteles evaluados para el estudio “Evaluación cualitativa de la calidad sismo-resistente, accesibilidad, ubicación y funcionalidad de los nuevos planteles escolares”.

Inaugurada por el presidente Danilo Medina en enero de 2019, la obra costó más de RD$72 millones y estuvo a cargo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

En la evaluación que en 2015 realizó la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC), con el apoyo de la Unión Europea, se presentó a la Escuela Marañón I, que para entonces tenía levantada la estructura gris, como un ejemplo de lo que no se debe hacer en una construcción, pues violaba todas las recomendaciones antisísmicas.

En el gráfico siguiente se presentan imágenes tomadas del informe del IDEC con parte de las observaciones a la Escuela Marañón I

El ingeniero especializado en sismoresistencia Leonardo Reyes Madera, quien encabezó los trabajos de evaluación, cita, entre las irregularidades que presentaba la estructura, torceduras y recorte de las columnas y columnas cortas, entre otras violaciones al reglamento antisísmico vigente que obligaron a recomendar su demolición.

Tras una visita reciente a la escuela, el ingeniero Reyes Madera advierte que el problema de las columnas cortas continúa, la torceduras son visibles aún con el pañete, y duda que la estructura inicial haya sido derrumbada. El dato no pudo ser confirmado con el Ministerio de Educación que a la fecha, no responde las solicitudes de información sobre el tema. Sin embargo, entre los residentes de la zona ninguno registra en sus recuerdos un proceso de demolición de la estructura.

Personal de la escuela, que aseguran haber estado desde el principio en la construcción, atestiguan que nunca vieron que la derrumbaran en su proceso de construcción, ni siquiera de manera parcial.

La inseguridad del plantel alcanza también la parte arquitectónica, pues los directivos han denunciado la falta de barandas en los balcones, una carencia que pone en riesgo de caída a los estudiantes.

Para resolverlo, la dirección de la escuela, a cargo del sacerdote Joel Villafaña, envió comunicaciones a los padres de los estudiantes en las que solicita aportes para reunir unos RD$200,000 que necesita el plantel para pagar la mano de obra de los trabajos, ya que el director regional donaría los RD$300,000 necesarios para los materiales.

Un padre que mostró la comunicación a Diario Libre, se queja de que, siendo esa una obra en la que el Gobierno invirtió una alta suma de dinero de los contribuyentes tenía que dejarla lista.

La Marañón I también ha sido motivo de titulares en los periódicos por la falta de un puente peatonal, un problema que obliga a los estudiantes a exponerse cruzando una vía de alto tránsito como la avenida Charles de Gaulle.

Contra el reglamento

El Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructura R- 001, del Ministerio de Obras Públicas, establece los “requerimientos mínimos” que se deben cumplir en el diseño de una obra en el país para resistir los efectos de movimientos sísmicos, así como en las ya construidas que requieran ser modificadas.

Las escuelas, igual que los hospitales de más de 50 camas, pertenecen al Grupo III del reglamento, que se refiere a aquellas edificaciones que deben mantenerse en operación inmediatamente después de que ocurra un sismo.

El estudio del IDEC analiza 35 escuelas del Gran Santo Domingo y 15 de la provincia Espaillat terminadas o en construcción después de la asignación del 4% del PIB en 2013.

Para esa fecha (entre 2013 y 2015) el Ministerio de Educación había contratado la construcción de 22,109 aulas para un total de 1,632 planteles escolares, a un costo de RD$73, 320.9 millones, de acuerdo con informaciones que publica esa entidad en sus Memorias Institucionales.

Reyes Madera, quien preside la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica (Sodosismica), recuerda que, si bien las estructuras cumplían con el requerimiento de tener tres líneas de resistencia en columnas, pues las anteriores al reglamento solo tenían dos, encontraron que en muchas el grosor no se correspondía con las normas vigentes.

“Cuando llegamos al campo, vemos tres tipos de soluciones estructurales en las escuelas nuevas. Las primeras cumplían 100% con el reglamento, con columnas gruesas, fueron las primeras sorteadas y tenían columnas y vigas robustas. En el segundo sorteo, comienzan a reducir el tamaño a las columnas, y para el tercer sorteo ya las columnas no cumplen siquiera con el reglamento internacional de dimensiones mínimas”, recuerda.

Al analizar las escuelas del Gran Santo Domingo, el informe del IDEC concluye que el 33% tiene “calidad deficiente”, el 15% “regular” y el 53% “buena”.

Pero explica que la categoría “buena” corresponde a escuelas terminadas y que no tienen garantías de que hayan sido construidas de manera correcta.

También señala que varias escuelas construidas en Espaillat estaban ubicadas sobre fallas geológicas y sus zonas de influencia y que el 36% tenía “calidad deficiente”.

No obstante, señala que todas las escuelas presentan el efecto de columnas cortas, “aspecto fundamental para que fallen en un terremoto importante”.

Sobre el aspecto sismo resistente, concluyen que no existe un criterio de ubicación correcto de planteles construidos al borde de carreteras, caminos vecinales, ríos y cañadas.

Otra de las escuelas estudiadas, la María Muñoz Soriano, del sector Ponce, en Los Guaricanos, Santo Domingo Norte, presenta, casi 5 años después de su inauguración, grietas justo donde se genera el efecto de columnas cortas, así como en otras partes de la estructura.

También, serias filtraciones que obligan al personal docente a cambiar de lugar a los estudiantes o sus muebles, debido a la humedad y ante el riesgo de mojarse o resbalar.

Diego Martes, director del plantel, asegura que las filtraciones tienen ya más de dos años, que han dado parte a las autoridades de Educación que fueron a evaluarla en por los menos tres ocasiones.

“La última vez que vinieron fue en agosto pasado, midieron, chequearon y tiraron fotos, pero no le dejan evidencias a uno de que están trabajando”. Desde entonces Marte no ha vuelto a saber más nada. La escuela fue inaugurada en diciembre de 2014.

“Me da mucha pena todo esto”, comenta el ingeniero Reyes Madera, que dice llevar años advirtiendo sobre los riesgos de construir sin un criterio antisísmico.

“Nosotros no debimos darnos el lujo de hacerlo así. Se debió construir con un modelo sismo resistente, pues, como están (las escuelas) no hay garantías de que un sismo de 6 o más grados no les deje daños que las hagan inoperables”.

El experto señala que precisamente el efecto de columnas cortas fue una de las razones por las que la escuela Agustina Seda en Guánica, Puerto Rico, fue afectada por el terremoto de enero pasado. A la isla vecina acudió como parte de un equipo nacional de investigadores.

En el país se han publicado varios casos de fallos en estructuras escolares, como la escuela Eugenio María de Hostos, de Villa Mella, a la que en octubre del año pasado se le cayó parte del cemento del techo, apenas dos años después de su inauguración. Más reciente, este año, al Liceo Salomé Ureña de Henríquez, en Barahona, también se le desprendió parte del pañete del techo hiriendo a un profesor, por lo que el Ministerio de Educación ordenó su inmediata intervención.

La Dirección del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), entiende que es una demanda establecer protocolos en el sistema de construcción, en los estudios de suelos y los materiales de construcción para que cumplan con los requerimientos demandados para evitar daños por un sismo.

Dos años después del estudio del IDEC, el SGN presentó en septiembre de 2017 el estudio “Evaluación de la Vulnerabilidad físico estructural de 48 escuelas de República Dominicana”, realizado a solicitud del Ministerio de Educación con el apoyo de la organización internacional Oxfam.

Las escuelas analizadas están ubicadas en el Gran Santo Domingo, Barahona, Azua, San José de Ocoa, Baní y Santiago. “De las 48 escuelas evaluadas se pudo determinar que 13 se encuentran sobre fallas y 7 sobre fracturas que no dejan de ser menos importantes”, dice el informe.

A las escuelas se les analizó su vulnerabilidad físico estructural atendiendo a ocho variables: condiciones de acceso, materiales de construcción, niveles, irregularidad, fundaciones, tipo de estructuras, elementos estructurales y estado de la edificación.

Los expertos determinaron que dos escuelas (un 4.17%) tenían una estructura “muy mala”; 11 (un 23%) “un estado general malo”; 24 (un 50%) una “estructura regular”, y 11 (un 23%) resultaron “en buen estado”.

Más reciente, el ingeniero Norberto Rojas, profesor del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), analizó la estructura de la escuela Fernando Cabral Ortega, de San Cristóbal, como parte de su investigación “Riesgo sísmico de instalaciones críticas en República Dominicana: estudio de casos de edificaciones escolares”.

“Los resultados del análisis indican que la estructura tiene irregularidades en el plan y, por lo tanto, no cumple con el Artículo 38 del R-001 sobre torsión excesiva”, determinó. “Además, las columnas cerca de los corredores muestran altas demandas de corte debido a la restricción parcial impuesta por el relleno de paredes de mampostería”.

El estudio de Rojas arroja, además, que la escuela no cumple, incluso, con el reglamento R-033 para el diseño y construcción de estructura en hormigón armado, que dicta la “resistencia nominal mínima” que debe tener el hormigón para este tipo de estructura.

El artículo 43 de dicho reglamento clasifica el hormigón estándar según su esfuerzo nominal de rotura en 180 kilogramos por centímetros cuadrados (kg/m2) en zapatas de muros de bloques, y de 210 kg/cm2 para uso general.

“Cuando se compre ese hormigón, se pide esa resistencia y las compañías saben cuál es la mezcla; dígase agua, arena, grava y el cemento... pero muchas veces, se hacen las mezclas en las obras, sin ningún o con poco control y entonces, le ponen unos agregados, dígase las gravas, que son mucho más grande, le ponen mucha agua o le ponen poco cemento y resulta un hormigón de poca calidad que es lo que ha ocurrido”, comenta Rojas a Diario Libre.

El investigador, que atribuye estas irregularidades a la falta de supervisión estatal, señala sin embargo que la citada escuela fue construida antes de aprobarse el reglamento antisísmico de 2011, y prefiere pensar que las construidas luego de esa fecha darían otra respuesta en las evaluaciones.

El reglamento anterior databa de 1979. Santiago Muñoz, director del SGN, señala que incluso el de 2011 quedó desactualizado en función con las informaciones sismológicas levantadas en el país.

Recuerda que a raíz del estudio de Microzonificación de Santo Domingo que se realizó en 2016, se recomendó la actualización del Reglamento R-001, una potestad del Ministerio de Obras Públicas.

En abril de 2015, el entonces director de la Oisoe, Miguel Pimentel Kareth, ofreció unas declaraciones en las que daba garantías de la seguridad estructural con que se están levantando las nuevas escuelas en el país, pero aclaró que no tenía recursos para reforzar las construcciones viejas.

Recientemente, el Ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, reiteraba esa afirmación: “Todo lo que se está construyendo bajo el Programa Nacional de Edificaciones Escolares que el presidente Danilo Medina inició a partir del 2012 fueron construidos con la normativa establecida por el Ministerio de Obras Públicas para garantizar que en cualquier movimiento telúrico, puedan resistir”.

En el caso de las construidas con anterioridad a ese año, indicó que Educación busca llegar a un acuerdo con el organismo estatal que se encarga de evaluar los centros para someterlos a nuevos estudios.

“Aquellos centros que ameriten ser reforzados o demolidos por su grado de deterioro, serán demolidos y construiremos nuevos centros antisísmicos, para garantizar la seguridad de los maestros y estudiantes”.

Los hallazgos de los estudios citados apuntan en dirección contraria.