El rompecabezas de la Seguridad Social

SD. Promulgada el 9 de mayo de 2001, la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, recoge, bajo el mismo manto, dos áreas diferentes: las pensiones y los servicios de salud. Amplia, compleja y con diversas dificultades de aplicación, la ley 87-01 pretende proteger a toda persona que haya nacido en suelo dominicano o que viva en él de forma legal.

Tres grandes seguros componen el sistema: el familiar de salud, el de riesgos laborales y el de vejez, discapacidad y sobrevivencia, mejor conocido como las pensiones, cuya aplicación es supervisada por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), respectivamente.

La ley dispone una gradualidad en la entrada de esos servicios que no se ha cumplido, al menos no en el orden indicado. En nuestro país se comenzó a cotizar para las pensiones antes que para la salud, y en salud se inició con un régimen completamente subsidiado por el Estado, y para el cual ha habido que levantar toda la información de los afiliados desde cero.

La legislación previó, en su artículo 7, párrafo I, que el primer anteproyecto de decreto para iniciar el seguro familiar de salud fuese el del régimen contributivo, o sea, el que es pagado en parte por los trabajadores y en parte por los empleadores y que permite tomar como base los datos de las nóminas y las igualas médicas privadas existentes.

En la página web del Consejo Nacional de la Seguridad Social, la entidad que decidió el nuevo orden de entrada de los regímenes, se apunta que el régimen contributivo del seguro familiar de salud fue la prioridad del legislador y debió entrar en vigencia a los 15 meses de promulgada la ley, o sea, en agosto de 2002. El régimen subsidiado por el Estado no entraría hasta noviembre de 2002, al igual que el régimen contributivo de las pensiones.

Como en el resto de Latinoamérica, desprotegidos

Milton Ray Guevara, Secretario de Estado de Trabajo al momento de entrada en vigencia de la ley, dijo hace cuatro años que para 2004, el 55% de la población, 4.4 millones de personas, se beneficiarían del sistema de seguridad social. En el área de salud, apenas unas 330 mil personas han sido afiliadas en todo el país para el régimen subsidiado. Para las pensiones, 639 mil trabajadores de 1,463,000 que tienen afiliación, cotizaron, es decir, pagaron su cuota, al 15 de marzo de este año.

El caso no es único. Apenas un 41,7% de los latinoamericanos tiene acceso a la seguridad social, según arrojó un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La culpa de que el mercado de trabajo no se haya convertido en un catalizador de bienestar y protección social la tienen el desempleo, que en la región es de un 10%, y la multiplicación del trabajo informal en la Latinoamérica, opinó a mediados de marzo el secretario ejecutivo del CEPAL, José Luis Machinea.

Según el informe, el 47.4 % de los trabajadores de América Latina pertenece al mercado informal, lo que dificulta la sistematización de sus datos y la ejecución de políticas sociales y de desarrollo basadas en el empleo.

Los problemas de la SS se verifican en salud y en pensiones.

Diferencias en el seno del CNSS, sobre todo en la definición de costos del Plan Básico de Salud, mantienen en el limbo el destino de un seguro que beneficiaría, según la SISALRIL, a casi 4 millones de personas. La frustración es tal, que el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, sugirió que el gobierno podría recurrir ante la OMS para resolver el conflicto que los últimos dos gobiernos no han podido remediar. Mientras, en pensiones hay retrasos por más de RD$3,500 millones. Los ánimos se caldean, los sindicalistas protestan frente al CONEP y el panorama no cambia. Todo apunta a que la cumbre convocada por el Presidente para resolver el tranque, se realizará después de las elecciones.