“Hay competencia desleal del Gobierno, de alguna manera”

SANTO DOMINGO. Con prudencia, los representantes de la Red Dominicana de Microfinanzas (Redomif) abordan el tema de los microcréditos que con componentes subsidiados otorga el Gobierno directamente a través de Banca Solidaria.

Incorporada en el 2008 por 30 instituciones micro financieras con un historial de décadas en operación, Redomif cuenta con cerca de 600 mil clientes y una cartera por un monto equivalente a 619 millones de dólares.

Pero de pronto a su mercado natural llega un competidor que “de alguna manera” le hace competencia desleal: el Estado con su intervención directa en el otorgamiento de microcréditos.

“Me tiro al fuego yo solito”, advierte Francisco Abate, coordinador del primer Foro de Microfinanzas, antes de abordar el “complicado” tema de lo que el Gobierno está haciendo, y pasado un momento reconoce: “Si, de alguna manera hay competencia desleal”.

Ante la observación de que el Gobierno entra al mercado bajo condiciones más favorables (ofrece tasas de interés de entre 8 a 12% anual) , Guillermo Rondón, presidente ejecutivo del Banco Ademi, reacciona: “Obviamente, el Gobierno no tiene costos de fondeo”.

“Cuando se tiene un cartera de crédito de 10 millones de pesos, partirla en pedacitos de 15 mil pesos... eso tiene un costo”, agrega Abate. Y “técnicamente y éticamente” lo correcto es pasarle ese costo a los que se benefician con esos préstamos, agrega. En cambio, la postura asumida por el Gobierno consiste “básicamente subsidiar y solamente cobrar lo que es el préstamo per sé”, observa.

El microcrédito “es muy especializado”, que requiere “una metodología bien lograda”, explica Guillermo Rondón. Destaca que precisamente ese ha sido el éxito de Banco Ademi, entidad que se crea en 1997 mediante la transformación de la Asociación para el Desarrollo de Microempresas (Ademi), que para ese año ya acumulaba 14 años de operación, en las microfinanzas.

Esa metodología implica dar crédito escalonado, con un seguimiento mensual al cliente, lo que incluye que un oficial de negocio “vaya y le visite”. Aconseja al Gobierno que aproveche esa experiencia acumulada.

Los ejecutivos de Redomif señalan que “la mejor práctica internacional indica que ningún gobierno debe entrar directamente al mercado, porque crea distorsión y es una competencia complicada”. Sin embargo, creen que en el Gobierno “hay técnicos que tienen conocimiento concreto del sector y que eso ayuda mucho al diálogo”.

Gustavo Zuluaga Alam, vicepresidente ejecutivo de Negocios de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, llama la atención sobre “una gran oportunidad” que esta sobre la mesa, para alcanzar una alianza público y privada. Y de hecho, esa alianza en las microfinanzas ya existe hasta cierto grado. Se trata de los trabajos conjuntos con la Tarjeta de Solidaridad para ayudar a los beneficiarios “a crear negocios propios y moverse”, según Abate.

Zuluaga , quien dice creer mucho en los beneficios de la alianza público privada, considera que su ejecución puede tener un impacto “sumamente positivo y estable”, porque en REDOMIF hay entidades especializadas.

“Somos mucho los que estamos en este sector, y que venimos haciendo este trabajo desde hace muchos años”. Y se pregunta: “¿Será que se puede desarrollar políticas hacia ese segmento en donde participen el sector público y privado de una manera orquestada y madura en la misma dirección?”.

La informalidad

Es de suponer que el acceso al crédito, aunque sea en montos pequeños, contribuya a la formalización de las empresas. Pero es una verdad que puede ser a media, sobre todo, si la otra media verdad no apunta en la misma dirección.

“Se ha estado trabajando mucho en ese tema”, dice Guillermo Rondón. Pero entiende que aun faltan muchas facilidades que el Gobierno debe otorgar a las microempreasas, “porque hasta el momento los clientes entienden que se quiere que se formalicen para cobrarles impuestos”, explica. “Hay temores”, subraya.

Aunque se han hecho cosas tendentes a facilitar la formalización, y es el caso de la ventanilla única, las barreras de entradas “son complicadas”, afirma Abate.

La gran mayoría de las microempresas, cuando buscan créditos, lo hacen a nombre de sus dueños, y no de sus empresas, que son informales. Si las barreras de entradas son caras y complicadas, y si en el caso de que se logren superar, lo que les espera es pagar impuestos, (en un país donde eso no reditúa mucho), entonces el microempresario tiende a hacerse una pregunta lógica y devastadora: “¿Para qué lo hago”.

“No tenemos incentivos (del Gobierno)”, “estamos regulados igual que todos los demás entes del sistema financiero”, revela Guillermo Rondón. Sin embargo, el Gobierno ejecuta iniciativas para impulsar el crédito hipotecario. Es el caso de la liberalización del encaje legal y la exoneración de impuestos para la adquisición de viviendas de bajo costos. Y en esas iniciativas se incluye a las entidades del sector privado.

Entonces, ¿y qué pasa con el sector privado de las microfinanzas? “Hemos visto a través de los años como en la política monetaria se liberan encajes para apoyar temas como el sector construcción”, dice Gustavo Zuluaga Alam.

Destaca la “gran oportunidad de general lazos y mayor valor”, mediante una alianza público privada. Pero en lo que sigue, solo le quedan las interrogantes que tiene el sector. “¿Cuándo pudiésemos heredar valor con mil, o dos mil millones de pesos , para préstamos de 100 y 150 mil pesos? ¿Cuánto podremos permear a nivel de la base de la pirámide a través de estas entidades que están especializadas, que tienen una fuerza de venta? ¿Cuánto es la fuerza venta de las 30 entidades que nosotros tenemos y que tienen una cobertura prácticamente nacional?”.