Historiador considera "acción insólita" la destrucción de archivos médicos del Morgan
SANTO DOMINGO.- El director del Archivo General de la Nación (AGN), Roberto Cassá, dijo que lo sucedido con el historial médico de miles de pacientes que se atendían en el Hospital Luis Eduardo Aybar constituye una "acción insólita", que a su entender debería tener consecuencias legales.
"Ninguna institución del Estado puede destruir documentos si no cuenta con la aprobación de las instancias establecidas", destacó el conocido historiador mediante un comunicado de prensa. Asimismo, citó que la Ley General de Archivos 481- 08 dispone de sanciones para los casos de deterioro o destrucción de documentos.
De acuerdo con el artículo 70 de dicha ley, "cuando se produzca la sustracción, deterioro o destrucción intencional de documentos de cualquier naturaleza" por parte de los empleados responsables de la custodia o resguardo del archivo, son castigables con penas de seis meses a dos años de prisión y multas de cinco a 10 sueldos mínimos.
Indicó que estos expedientes tienen un indudable valor cultural, histórico, personal y hasta familiar.
Expresó además que se ha aducido, en desatinada justificación, que eran documentos "muertos".
"Este es un concepto errado. Todo documento tiene valor para los propios interesados, para el país y para el patrimonio nacional", enfatizó.
Dijo que le sorprende la acción, puesto que personal del AGN había visitado ese y otros centros de salud para ofrecer asesorías.
"Para el AGN la determinación es más cuestionable, pues técnicos de este organismo se presentaron al lugar del desastre y comprobaron que fueron pulverizados expedientes recientes", recalcó.
Cassá hizo un llamado a todas las instancias del Estado a que asuman el compromiso de preservar sus archivos para protección de los derechos personales, del país y del patrimonio nacional.
"Ninguna institución del Estado puede destruir documentos si no cuenta con la aprobación de las instancias establecidas", destacó el conocido historiador mediante un comunicado de prensa. Asimismo, citó que la Ley General de Archivos 481- 08 dispone de sanciones para los casos de deterioro o destrucción de documentos.
De acuerdo con el artículo 70 de dicha ley, "cuando se produzca la sustracción, deterioro o destrucción intencional de documentos de cualquier naturaleza" por parte de los empleados responsables de la custodia o resguardo del archivo, son castigables con penas de seis meses a dos años de prisión y multas de cinco a 10 sueldos mínimos.
Indicó que estos expedientes tienen un indudable valor cultural, histórico, personal y hasta familiar.
Expresó además que se ha aducido, en desatinada justificación, que eran documentos "muertos".
"Este es un concepto errado. Todo documento tiene valor para los propios interesados, para el país y para el patrimonio nacional", enfatizó.
Dijo que le sorprende la acción, puesto que personal del AGN había visitado ese y otros centros de salud para ofrecer asesorías.
"Para el AGN la determinación es más cuestionable, pues técnicos de este organismo se presentaron al lugar del desastre y comprobaron que fueron pulverizados expedientes recientes", recalcó.
Cassá hizo un llamado a todas las instancias del Estado a que asuman el compromiso de preservar sus archivos para protección de los derechos personales, del país y del patrimonio nacional.
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