Huelga general rompe alianza gobierno-centrales sindicales en Argentina
La protesta además tuvo como trasfondo la campaña para las elecciones generales de octubre
BUENOS AIRES. -La alianza entre el gobierno de Cristina Fernández y las principales centrales sindicales quedó enterrada el martes con una huelga general que paralizó gran parte del país y la amenaza de otra medida de fuerza por 36 horas si los reclamos no son atendidos.
A diferencia de los anteriores paros, muchos sindicatos afines al gobierno participaron en la huelga en protesta contra los impuestos sobre los salarios, lo cual fortaleció su impacto político.
La protesta además tuvo como trasfondo la campaña electoral para las elecciones generales de octubre y el movimiento sindical también buscó hacer una demostración de fuerza a los candidatos que aspiran a la presidencia.
"El paro fue contundente... Hemos interpretado la voluntad y la necesidad de la gente", dijo Hugo Moyano, líder de una corriente disidente de la Confederación General del Trabajo en rueda de prensa. "Esperamos con toda humildad, responsabilidad, que esta medida sea interpretada por quienes tienen que dar respuesta a estos reclamos legítimos", agregó.
Unas horas después, la presidenta respondió en un mensaje a la población por radio y televisión que "si no hubiera huelga de transporte, como lo que realmente fue, no hubiera habido paro general, lo saben todos. Hubieran ido todos a trabajar, inclusive los que integran el 10 por ciento (de los que tributan ganancias) y aportan solidariamente al resto de los trabajadores".
"No se trata de reivindicaciones obreras, son opositores", apuntó. "Tienen que presentarse a elecciones y no llevar actitudes que le hacen mucho mal a los trabajadores", enfatizó.
La protesta de 24 horas fue liderada por la Unión Tranviarios Automotor que representa a los choferes de autobuses de corta y media distancia, junto a los gremios de camioneros, ferroviarios, aeronáuticos, el metro y portuarios. También adhieren bancarios y trabajadores enrolados en el ala más crítica de la Confederación General del Trabajo como gastronómicos, judiciales, personal de estaciones de servicio y un sector de los empleados públicos.
En los hospitales sólo funcionaron las guardias y algunos gremios de maestros también adhirieron a la huelga. La medida de protesta también se sentía con fuerza en las principales ciudades del interior del país.
Dentro de la corriente sindical afín al gobierno, el sindicato de metalúrgicos declaró la "libertad de acción" a sus afiliados.
Luis Barrionuevo, líder de la central obrera Celeste y Blanca, advirtió que "vamos a proseguir el plan de lucha por los ocho millones de trabajadores en actividad y cuatro millones de jubilados que cobran un salario magro" y que va a proponer al resto de las centrales gremiales un paro de "36 horas con movilización para que se entienda que hay que atender las necesidades".
Parafraseando a la legendaria Eva Perón, la presidenta aseguró que "le tengo más miedo al frío de los corazones de los compañeros que se olvidan de donde vinieron que al de los oligarcas".
"Maldito impuesto al trabajo", decía un cartel pegado en la cabina de un metro detenido en una de las estaciones por la que habitualmente circulan miles de personas pero que el martes estaba vacía.
También desierto estaba el aeropuerto metropolitano debido a la cancelación de los vuelos de cabotaje. La medida de fuerza también afectó a muchos vuelos internacionales que fueron desviados a Montevideo, Uruguay.
Unos 800 pasajeros de compañías aéreas regionales no pudieron trasladarse el martes desde Asunción hasta la capital argentina debido al paro.
Rubén Aguilar, administrador del aeropuerto internacional de la capital paraguaya, dijo a The Associated Press que aviones de las empresas LAN, Aerolíneas Argentinas y Tam "están haciendo gestiones para redireccionar a sus pasajeros hacia otros destinos".
La falta de transporte público, sumada al bloqueo de los principales accesos a la capital argentina por parte de militantes de partidos de izquierda, afectó al resto de las actividades, incluso aquellas enroladas en sindicatos que no adhirieron a la huelga.
Los huelguistas reclaman al gobierno que eleve el piso salarial a partir del cual un trabajador debe tributar ganancias. En la actualidad está fijado a partir de los 15.000 pesos (unos 1.700 dólares) al mes, lo que afecta al 10% de los trabajadores en blanco, según el gobierno.
Los gremios aducen que ese impuesto es confiscatorio y que reduce todavía más al poder adquisitivo de los trabajadores ya afectado por una inflación que en 2014 rondó el 35%.
Según Patricio Giusto, director del instituto de investigaciones Diagnóstico Político, más que una forma de presionar a un gobierno saliente la medida de fuerza es una señal para el que surja de las elecciones de octubre.
"Gane quien gane, el próximo presidente tendrá que ocuparse de esta situación", dijo Giusto. "Es inevitable si no quiere tener conflictos" con un gran sector de la población.
A diferencia de los anteriores paros, muchos sindicatos afines al gobierno participaron en la huelga en protesta contra los impuestos sobre los salarios, lo cual fortaleció su impacto político.
La protesta además tuvo como trasfondo la campaña electoral para las elecciones generales de octubre y el movimiento sindical también buscó hacer una demostración de fuerza a los candidatos que aspiran a la presidencia.
"El paro fue contundente... Hemos interpretado la voluntad y la necesidad de la gente", dijo Hugo Moyano, líder de una corriente disidente de la Confederación General del Trabajo en rueda de prensa. "Esperamos con toda humildad, responsabilidad, que esta medida sea interpretada por quienes tienen que dar respuesta a estos reclamos legítimos", agregó.
Unas horas después, la presidenta respondió en un mensaje a la población por radio y televisión que "si no hubiera huelga de transporte, como lo que realmente fue, no hubiera habido paro general, lo saben todos. Hubieran ido todos a trabajar, inclusive los que integran el 10 por ciento (de los que tributan ganancias) y aportan solidariamente al resto de los trabajadores".
"No se trata de reivindicaciones obreras, son opositores", apuntó. "Tienen que presentarse a elecciones y no llevar actitudes que le hacen mucho mal a los trabajadores", enfatizó.
La protesta de 24 horas fue liderada por la Unión Tranviarios Automotor que representa a los choferes de autobuses de corta y media distancia, junto a los gremios de camioneros, ferroviarios, aeronáuticos, el metro y portuarios. También adhieren bancarios y trabajadores enrolados en el ala más crítica de la Confederación General del Trabajo como gastronómicos, judiciales, personal de estaciones de servicio y un sector de los empleados públicos.
En los hospitales sólo funcionaron las guardias y algunos gremios de maestros también adhirieron a la huelga. La medida de protesta también se sentía con fuerza en las principales ciudades del interior del país.
Dentro de la corriente sindical afín al gobierno, el sindicato de metalúrgicos declaró la "libertad de acción" a sus afiliados.
Luis Barrionuevo, líder de la central obrera Celeste y Blanca, advirtió que "vamos a proseguir el plan de lucha por los ocho millones de trabajadores en actividad y cuatro millones de jubilados que cobran un salario magro" y que va a proponer al resto de las centrales gremiales un paro de "36 horas con movilización para que se entienda que hay que atender las necesidades".
Parafraseando a la legendaria Eva Perón, la presidenta aseguró que "le tengo más miedo al frío de los corazones de los compañeros que se olvidan de donde vinieron que al de los oligarcas".
"Maldito impuesto al trabajo", decía un cartel pegado en la cabina de un metro detenido en una de las estaciones por la que habitualmente circulan miles de personas pero que el martes estaba vacía.
También desierto estaba el aeropuerto metropolitano debido a la cancelación de los vuelos de cabotaje. La medida de fuerza también afectó a muchos vuelos internacionales que fueron desviados a Montevideo, Uruguay.
Unos 800 pasajeros de compañías aéreas regionales no pudieron trasladarse el martes desde Asunción hasta la capital argentina debido al paro.
Rubén Aguilar, administrador del aeropuerto internacional de la capital paraguaya, dijo a The Associated Press que aviones de las empresas LAN, Aerolíneas Argentinas y Tam "están haciendo gestiones para redireccionar a sus pasajeros hacia otros destinos".
La falta de transporte público, sumada al bloqueo de los principales accesos a la capital argentina por parte de militantes de partidos de izquierda, afectó al resto de las actividades, incluso aquellas enroladas en sindicatos que no adhirieron a la huelga.
Los huelguistas reclaman al gobierno que eleve el piso salarial a partir del cual un trabajador debe tributar ganancias. En la actualidad está fijado a partir de los 15.000 pesos (unos 1.700 dólares) al mes, lo que afecta al 10% de los trabajadores en blanco, según el gobierno.
Los gremios aducen que ese impuesto es confiscatorio y que reduce todavía más al poder adquisitivo de los trabajadores ya afectado por una inflación que en 2014 rondó el 35%.
Según Patricio Giusto, director del instituto de investigaciones Diagnóstico Político, más que una forma de presionar a un gobierno saliente la medida de fuerza es una señal para el que surja de las elecciones de octubre.
"Gane quien gane, el próximo presidente tendrá que ocuparse de esta situación", dijo Giusto. "Es inevitable si no quiere tener conflictos" con un gran sector de la población.
Leer más
En portadaVer todos