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Impuesto por rodaje genera conflicto en la zona de Verón

Aprueban también cobro anual para uso comercial territorio

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Los hoteleros y los industriales se oponen a nuevos arbitrios.

BÁVARO. Una resolución municipal que autoriza el aumento en el cobro de rodaje a los camiones de carga que transitan por el municipio de Verón, ha provocado el rechazo del sector hotelero e industrial.

La resolución que acoge la solicitud del alcalde Radhamés Carpio, concerniente al aprovechamiento del uso de las vías públicas o rodaje impone una tabla que implica el pago de RD$30 a camiones de 6 ruedas, RD$75 a camiones de 8 a 10 ruedas, RD$100 a los de 12 y 14 ruedas y RD$120 para los de 15 ruedas en adelante.

También autoriza al Departamento de Recaudación el diseño de venta de certificados de visita a no más de US$10 y da poder al alcalde para contratar los servicios de la empresa REISA, S.A. del ingeniero Amaury de Marchena, para esos fines. La citada resolución aprobó el cobro de una licencia anual de operación del uso comercial del territorio.

En ese sentido, los hoteleros formalizaron su oposición al interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución 16/2011, emitida por el ayuntamiento del Distrito Municipal Verón-Punta Cana con la intención de aplicar nuevas acciones impositivas.

El recurso de oposición fue interpuesto ante el magistrado juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Municipal de La Altagracia.

El documento de rechazo está firmado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (ASONAHORES) y la Asociación de Hoteles de la Región Este, quienes realizaron los trámites legales de lugar.

Las entidades sostienen que la resolución del el 12 de junio del año pasado y publicada el 27 de abril del presente año, por el ayuntamiento de Verón "impone arbitrios que colinden con el transporte intermunicipal que a su juicio constituyen una violación al artículo 200 de la Constitución de la República". Los hoteleros consideran que la resolución "pone en riesgo la generación de empleos formales".