Indulto de Brito sigue abriendo intríngulis del expediente
El reglamento para indultos contempla varios requisitos
SD. El indulto a Miriam Margarita Brito sigue destapando el expediente relativo al asesinato del empresario arenero José Castro, ocurrido en 2003.
De igual modo, dijo que la Policía "nunca la ha apresado". En 2004, cuando la Corte rechazó su petición de fianza, la imputada debía estar en prisión. La abogada Nerys Jacqueline Ocumares Reyes, quien fue abogada actora civil en contra de González Jiménez y de Brito, dijo que extrañamente la imputada no estuvo presa.
"El abogado de ella, José Tamárez, se comprometió a entregarla ante el juez de ejecución de la pena y no la entregó", dijo. González compareció a las audiencias donde se celebró el proceso penal en compañía de su defensa. Originalmente, fue enviada a juicio y se emitió un auto de No Ha Lugar en favor de Brito, el cual fue ratificado por la Corte de San Cristóbal pero anulado por la Suprema Corte de Justicia, que envió el expediente para su ventilación en la provincia de Santo Domingo. En esa jurisdicción, González fue condenada a 30 años y Brito a 20 años. La decisión fue objeto de un recurso de casación, pero la SCJ ratificó la sanción y envió el expediente al juez de ejecución de la pena de la provincia de Santo Domingo.
El indulto de Miriam Brito se produjo el 23 de diciembre, menos de un año después de que se ejecutara la sentencia en su contra. Los reglamentos establecen que debe tener al menos la mitad de la pena y reunir otros requisitos. La comisión de indultos de la Procuraduría General de la República hizo la recomendación, que fue aceptada por el procurador Jiménez Peña, quien hizo los trámites ante el Poder Ejecutivo.
Los integrantes de la comisión son el coordinador de la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica, Fray Arístides Jiménez Richardson, el director de Prisiones, el reverendo Manuel Estrella, los periodistas Huchi Lora y Nuria Piera, y la encargada del Departamento de Ingeniería y Arquitectura de la Procuraduría, Maricela Vargas.
De igual modo, dijo que la Policía "nunca la ha apresado". En 2004, cuando la Corte rechazó su petición de fianza, la imputada debía estar en prisión. La abogada Nerys Jacqueline Ocumares Reyes, quien fue abogada actora civil en contra de González Jiménez y de Brito, dijo que extrañamente la imputada no estuvo presa.
"El abogado de ella, José Tamárez, se comprometió a entregarla ante el juez de ejecución de la pena y no la entregó", dijo. González compareció a las audiencias donde se celebró el proceso penal en compañía de su defensa. Originalmente, fue enviada a juicio y se emitió un auto de No Ha Lugar en favor de Brito, el cual fue ratificado por la Corte de San Cristóbal pero anulado por la Suprema Corte de Justicia, que envió el expediente para su ventilación en la provincia de Santo Domingo. En esa jurisdicción, González fue condenada a 30 años y Brito a 20 años. La decisión fue objeto de un recurso de casación, pero la SCJ ratificó la sanción y envió el expediente al juez de ejecución de la pena de la provincia de Santo Domingo.
El indulto de Miriam Brito se produjo el 23 de diciembre, menos de un año después de que se ejecutara la sentencia en su contra. Los reglamentos establecen que debe tener al menos la mitad de la pena y reunir otros requisitos. La comisión de indultos de la Procuraduría General de la República hizo la recomendación, que fue aceptada por el procurador Jiménez Peña, quien hizo los trámites ante el Poder Ejecutivo.
Los integrantes de la comisión son el coordinador de la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica, Fray Arístides Jiménez Richardson, el director de Prisiones, el reverendo Manuel Estrella, los periodistas Huchi Lora y Nuria Piera, y la encargada del Departamento de Ingeniería y Arquitectura de la Procuraduría, Maricela Vargas.