Avanza plan para reducir deuda de Puerto Rico

SAN JUAN (AP) — El Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobaron el martes un proyecto de ley que reduciría por la mitad la deuda del gobierno central, pero que también ha provocado protestas y ha dado lugar a encendidos intercambios entre los legisladores y la junta federal de control que supervisa las finanzas de la isla.

El proyecto de ley pretende poner fin un proceso similar a la bancarrota que comenzó después de que Puerto Rico anunciara en 2015 que no podía pagar su deuda pública de más de 70.000 millones de dólares que el gobierno acumuló tras décadas de malas gestiones, corrupción y préstamos excesivos.

En mayo de 2017, el gobierno presentó la mayor quiebra municipal en la historia de Estados Unidos.

El proyecto de ley le permitiría a Puerto Rico recortar su deuda en más de 30.000 millones de dólares, emitir nueva deuda por valor de 10.000 millones de dólares y conceder unos 7.000 millones de dólares en efectivo a los tenedores de bonos que no han cobrado en casi cinco años. Los críticos dicen que el gobierno de Puerto Rico no cuenta con las finanzas para cumplir con el pago del servicio de la deuda propuesto y advirtieron sobre próximas medidas de austeridad.

Pero el proyecto de ley –que pasó por una apretada votación de 14 a 13 en el Senado y posteriormente de 34 a 12 en la Cámara de Representantes– sigue en el limbo porque no cuenta con el apoyo de la junta, aunque el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, está a favor.

“Hoy dimos un paso adelante hacia el fin de la quiebra de nuestro gobierno y la salida de la Junta”, tuiteó.

Uno de los mayores puntos de desacuerdo entre el gobierno de Puerto Rico y la junta fue una propuesta de recorte de algunas pensiones públicas. El gobierno se negó a aprobar un proyecto de ley que incluyera cualquier tipo de recorte de las pensiones públicas, mientras que la junta pretendía reducir en un 8,5% las pensiones superiores a 1.500 dólares mensuales, una medida que afectaría a unos 40.000 jubilados.

Algunos legisladores también exigieron que no se aplicaran recortes a la Universidad de Puerto Rico, la institución de educación pública más grande de la isla, ni a los 78 municipios de la isla.