Destituyen a fiscal contra la impunidad de Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala (FECI), Juan Francisco Sandoval, fue removido de su cargo bajo señalamientos de abusos, informó el viernes el Ministerio Público.
Sandoval, quien ha sido reconocido dentro y fuera del país por su lucha contra la corrupción, dejó el puesto por órdenes de la fiscal general, Consuelo Porras.
En un comunicado de prensa, ésta dijo que la remoción se debía a “constantes abusos y frecuentes atropellos a la institucionalidad del ministerio público”. Agregó que hubo un “irrespeto que como mujer, funcionario y profesional del derecho ha sido víctimas desde el inicio de su gestión para menoscabar su trabajo, integridad y dignidad”, pero no dio más detalles.
Sandoval confirmó a The Associated Press su destitución.
Cientos de ciudadanos reclaman en protestas y redes sociales que Porras responde a la defensa de acusados de corrupción. La fiscal bloqueó en varias ocasiones que la FECI pudiera arresta o solicitar el retiro de inmunidad de funcionarios de gobierno o exfuncionarios, empresarios y otros investigados por corrupción.
Uno de los casos más sonados fue el de magistrado Néster Vásquez. La fiscal no autorizó que se le solicitara el retiro de inmunidad sino hasta un día después de que éste fuera juramentado como magistrado constitucional y obtuviera protección.
En la víspera Porras también removió del cargo a otro fiscal y en su lugar designó a la fiscal Cinthia Monterroso, quién tiene en su haber varios procesos penales y administrativos por presuntamente abusar de su cargo para pedir información de personas que no son procesadas ni investigadas por la fiscalía.
La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, que visitó Guatemala en junio, dijo que Sandoval era elemental para continuar la lucha contra la corrupción en el país centroamericano, lo que considera una de las raíces de la migración.
Sandoval ha llevado ante la justicia a más de 60 estructuras criminales. En el pasado, cuando aún operaba la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), un organismo respaldado por naciones unidas, sentó en el banquillo al expresidente Otto Pérez Molina y a parte de su gabinete por corrupción.
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