Ecuador decreta toque de queda en sitios estratégicos

QUITO (AP) — El presidente ecuatoriano Lenín Moreno decretó el martes un toque de queda en algunos sitios estratégicos para el gobierno horas después de que miles de manifestantes indígenas irrumpieran en el edificio de la Asamblea, y posteriormente fueron desalojados del parque en el que se concentraron en rechazo al alza de los precios de los combustibles.

El toque de queda aplicará en los alrededores de instalaciones clave y de edificios de funciones del Estado entre las ocho de la noche y las cinco de la mañana mientras dure el estado de excepción, que se utiliza para restringir derechos ciudadanos y facultar al Estado a efectuar requisiciones si lo considera necesario y en esta caso fue decretado por 30 días.

A primeras horas de la noche, la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los miles de indígenas que estaban concentrados en un parque del centro norte de la capital, provocando que muchos de ellos se refugiaran en las instalaciones de la Casa de la Cultura, donde aún permanecen.

La Cámara de Industrias, informó que las manifestaciones están causando pérdidas por más de 210 millones de dólares al día a ese y otros sectores, como el comercial y el turístico.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, aclaró que con el toque de queda se busca proteger también puertos, aeropuertos, refinerías, puntos de abastecimiento de agua, energía y antenas de telecomunicaciones, entre otros.

En la tarde, indígenas furiosos ingresaron a la Asamblea --donde no había funcionarios--, pero fueron desalojados por policías y militares con gas pimienta.

El presidente de la Asamblea, César Litardo, rechazó de manera tajante esa acción y “cualquier intento de utilizar el legítimo derecho ciudadano a reclamar por una acción que no está de acuerdo con el gobierno, pero fuera del vandalismo”.

La ministra del Interior, María Paula Romo, invitó a “superar posiciones de intransigencia para encontrar una salida a este enfrentamiento... respecto de las medidas económicas” y dijo que en la mayor parte de la región andina hay bloqueos de vías.

El contralor general, Pablo Celi, apareció en la tarde con el presidente Moreno y los titulares de las principales funciones del Estado y dio su explícito respaldo al mandatario en una cadena nacional.

Este país sudamericano de 17 millones de habitantes está en un punto muerto y de riesgo, paralizado por la falta de transporte público y carreteras bloqueadas que afectaban a una economía ya vulnerable.

La violencia estalló la semana pasada cuando Moreno eliminó subsidios a los precios del combustible y ha persistido causando, entre otras cosas, que varios pozos petroleros dejen de producir cerca de un tercio de la producción nacional de crudo, 560.000 barriles diarios.

Las autoridades confirmaron 19 heridos de diversa magnitud y 676 detenidos durante las protestas que causaron desabastecimiento de alimentos en mercados de algunas ciudades.

Ante las protestas, Moreno trasladó la sede de gobierno a la ciudad portuaria de Guayaquil, donde ratificó que mantendrá el aumento del precio de los combustibles, rechazó los saqueos y ataques a propiedad privada, entidades estatales y fincas agrícolas protagonizadas por indígenas y manifestantes, aunque al mismo tiempo reiteró su invitación al diálogo a los dirigentes de las protestas.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Jaime Vargas, respondió que no habrá diálogo mientras no se deroguen las medidas económicas y denunció la supuesta infiltración de personas en las protestas para “desacreditar” la lucha del movimiento indígena.

En Quito, las calles lucieron vacías aunque con manifestantes quemando neumáticos y enfrentándose a los agentes antidisturbios.

La analista Grace Jaramillo, de la universidad British Columbia, en Vancouver, dijo a The Associated Press que el gobierno de Moreno “tenía la obligación, y no lo hizo, de generar consensos o al menos acuerdos mínimos con los sectores más vulnerables y las organizaciones que iban a ser afectadas por las medidas”.

De acuerdo con la experta, el traslado de la sede de gobierno es “una medida desesperada por salvar la presidencia de un posible golpe de Estado, ese es el miedo mayor, pero eso también explica la incapacidad del gobierno por resguardar el orden, para acercar posiciones y para detener el caos”.

Moreno acusó en la víspera al expresidente Rafael Correa (2007-2017) y al mandatario venezolano Nicolás Maduro de gestar un intento de golpe de Estado.

Este último, desde Caracas respondió y dijo que las acusaciones de golpismo endilgadas por su homólogo están “fuera de la realidad”.

Desde Bélgica donde vive desde hace dos años, Correa respondió que “aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas y es precisamente lo que pedimos... adelantar elecciones”.

Correa tiene una orden de captura en Ecuador por presunto delito de corrupción, acusado por la Fiscalía.

El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, señaló que 'el momento en que haya las condiciones necesarias... el presidente volverá a Quito', y explicó que “no queremos derramamiento de sangre ... no queremos vandalismo innecesario, si el movimiento indígena ha decidido estar en Quito, que lo haga en forma pacífica”.

El lunes, cientos de personas saquearon establecimientos comerciales de diverso tipo, desde farmacias hasta sitios de venta de electrodomésticos, en la población de Durán, y en Guayaquil, en medio de la ausencia de la fuerza pública.

El gobierno decretó la semana pasada un estado de excepción nacional, lo que restringe derechos ciudadanos. Ese mecanismo se usa con cierta frecuencia en el país incluso como a mediados de año para hacer frente a problemas en las cárceles.

Las actividades escolares de escuelas, colegios y universidades están suspendidas en todo el país.

Los hechos traen a la memoria de los ecuatorianos las violentas protestas sociales de 2005, que llevaron al entonces presidente Lucio Gutiérrez a dejar el poder en medio de críticas a su gestión.