Jueces de Paz ganan al año RD$770 mil
SANTO DOMINGO. Los jueces de paz perciben un salario anual de RD$630 mil, reciben exoneración de vehículos de motor, gastos de representación y combustible, y en la mayoría de los casos conocen menos de cuatro expedientes al mes.
El fiscalizador devenga un salario de RD$35 mil, la secretaria RD$15,400, el oficinista RD$8,400, el alguacil RD$7,475 y el mensajero y el conserje RD$6,000 cada uno.
Los RD$552 mil de gastos fijos de cada juzgado se distribuye cada año en seguro de salud y vida RD$90,886.00; en gastos de representación y combustible RD$60,531.48; en teléfono (celular) RD$51,961.00 y en instalación telefónica RS$119,276.00; en agua, luz y basura RD$50 mil; en material gastable RD$150 mil,0 y en el alquiler del local RD$180 mil.
En esta situación hay 46 juzgados de paz, entre los que se citan los ubicados en el municipio Los Llanos, Villa Los Almácigos, Tamayo, Pedernales, Guayabal, Vicente Noble, Monción y Padre Las Casas, según los datos del estudio realizado por la Suprema Corte de Justicia y que fue entregado a las comisiones de justicia del Senado y la Cámara de Diputados.
En la agenda de hoy de la cámara baja se conocerán por lo menos 10 de los 24 proyectos que proponen la creación de nuevos juzgados de paz y que tienen la recomendación para el rechazo.
Abel Martínez, presidente de la comisión, explicó que resulta oneroso para el Estado y para el Poder Judicial establecer juzgados de paz en lugares en donde no se verifican los índices de conflictividad necesarios.
En esta situación hay 46 juzgados de paz, entre los que se citan los ubicados en el municipio Los Llanos, Villa Los Almácigos, Tamayo, Pedernales, Guayabal, Vicente Noble, Monción y Padre Las Casas, según los datos del estudio realizado por la Suprema Corte de Justicia y que fue entregado a las comisiones de justicia del Senado y la Cámara de Diputados.
En la agenda de hoy de la cámara baja se conocerán por lo menos 10 de los 24 proyectos que proponen la creación de nuevos juzgados de paz y que tienen la recomendación para el rechazo.
Abel Martínez, presidente de la comisión, explicó que resulta oneroso para el Estado y para el Poder Judicial establecer juzgados de paz en lugares en donde no se verifican los índices de conflictividad necesarios.
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