Jueza avanza en el conocimiento de la coerción del caso Operación Larva

Luego de varias semanas de incidentes, la jueza de la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal, Katerine Lugo, logró ayer abocarse a conocer el fondo de la solicitud de medida de coerción a los 14 imputados por lavado de activos, apresados en la Operación Larva.

La magistrada rechazó el último de los incidentes, al no permitir que se fusionara el expediente de Domingo Ventura con el de los otros 14 imputados.

Superada esa etapa, ordenó al Ministerio Público leer el expediente para conocer los hechos que le imputan al grupo.

El Ministerio Público establece que los sometidos son miembros de una red que invertía las ganancias obtenidas del narcotráfico en el sector inmobiliario, y alegadamente utilizaban a familiares de los principales miembros de la estructura y compañías fantasmas para adquirir inmuebles suntuosos en sectores exclusivos del Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago, así como también vehículos de alta gama y armas de fuego de alto y bajo calibre.

Establecen que los miembros de la red adquirían inmuebles de alto costo a título personal, no acorde con el perfil económico reportado por las entidades oficiales como la Tesorería de Seguridad Social (TSS) y la Dirección General de Impuestos Internos.

Después del Ministerio Público los abogados tendrán la oportunidad de hacer su defensa y presentar presupuestos para evitar la prisión preventiva.

La mayoría de estos imputados fueron apresados el 27 de octubre, cuando el Ministerio Público, en coordinación con el Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC) y la Dirección de Investigaciones Financieras (Difla) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizaron una serie de allanamientos.

El Ministerio Público asegura que el presunto entramado criminal está vinculado a una red de narcotráfico denominada Corona, que el 16 de marzo de 2020 introdujo al país la cantidad de 724.35 kilogramos de cocaína clorhidratada, por la costa de Nigua, provincia San Cristóbal, en una embarcación proveniente de Colombia.

El 15 de septiembre de 2020 la Fiscalía de San Cristóbal y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo presentaron acusación contra José Aníbal González Luna, José Aníbal González Cubilete (el Don), Manuel Alejandro Lara Martínez, Julio Ignacio Morel Adames y otros 12 implicados en el Caso Corona, en el que las autoridades ocuparon un arsenal, incluyendo tres fusiles y una metralleta.