Un año de escándalos y cambio de mando anticipado en la Policía

La Policía Nacional fue afectada por múltiples escándalos durante el 2021, entre los que resaltan muertes de civiles a manos de sus agentes y actos de corrupción y delincuencia.

La noche del 30 de marzo una patrulla de la Policía perteneciente a la dotación de Villa Altagracia, San Cristóbal, mató a tiros en el kilómetro 45 de la autopista Duarte a la pareja de esposos Eliza Muñoz Marte y Joel Eusebio Díaz Ferrer mientras regresaban a Santo Domingo de una actividad religiosa.

El informe elaborado por la institución indica que el vehículo en que viajaban los esposos y otro hombre que los acompañaba y que también resultó herido, fue confundido con el ocupado por una banda de asaltantes que habría enfrentado a la Policía en Bonao, Monseñor Nouel y huyó en la misma dirección. 

Posteriormente se supo que los agentes hicieron más de 30 disparos contra el vehículo sin haber tenido ninguna resistencia, utilizando incluso armas largas. Por el hecho siete policías, incluyendo al comandante de la dotación fueron procesados y guardan prisión preventiva. Hasta ahora es el mayor escándalo policial durante la gestión presidencial de Luis Abinader.

Por el caso, Abinader creó una comisión para trabajar en la transformación y modernización de la Policía, la cual juramentó el seis de abril y tuvo la misión de diagnosticar la situación de la institución y recomendar acciones para su mejora.

La madrugada del 25 de septiembre, durante un operativo policial en un bar del municipio Villa Riva fueron ultimados los civiles Flaury Jiménez; Daivi Rosa Payano; José Luis Alberto y Yendry de Jesús Taveras Castillo.

En el incidente fue herido en la cabeza el capitán de la Policía, Rigoberto Felipe, quien murió días después, así como un cabo del Ejército en una pierna.

El hecho produjo acusaciones de los familiares de las víctimas que dijeron se trató de exceso en el uso de la fuerza, al señalar que con excepción de Yendry de Jesús, quien estaría siendo buscado, estaban desarmados. 

El dos de octubre el cabo de la Policía, Janli Disla Batista mató de un disparo en la cabeza a la arquitecta Leslie Rosado, en un incidente confuso del que se ha dicho está relacionado a un supuesto accidente de tránsito ocurrido mientras alegadamente el suboficial se desplazaba a bordo de una motocicleta junto a su esposa y su hijo, y habría sido chocado por la yipeta en que transitaba Rosado por una calle del municipio Boca Chica.

Pese a que Batista no se encontraba en servicio al momento del hecho y de que este alegó que su arma se disparó por accidente, el incidente avivó los reiterados cuestionamientos a muchas de las actuaciones policiales en las que se le atribuye uso excesivo de la fuerza.

El acontecimiento provocó la destitución del director de la Policía, Edward Ramón Sánchez González, el 17 de octubre, y en su lugar fue designado el general Eduardo Alberto Then.

En noviembre salió a relucir que un grupo de 11 policías se confabularon para dar un tumbe de drogas que se estima fue de 400 kilos en Barahona, ocurrido el 28 de agosto.

Las investigaciones indican que los uniformados ocuparon la droga durante un operativo y se la repartieron y vendieron a grupos de narcotraficantes de la zona.

Los agentes también robaron y vendieron un fusil con el que en medio de un conflicto por drogas fueron muertas dos personas, al igual que otras armas que sustrajeron en el tumbe. 

Posterior al robo de la droga y las armas, otros tres policías y un civil secuestraron al cabo Esteban Armando Féliz Batista, quien también había participado en el tumbe, con intenciones de cobrar una suma millonaria por su rescate. Los 14 miembros de la Policía guardan prisión preventiva en diferentes cárceles del país por los casos.

El director pidió excusas

El 26 de noviembre el director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, se retractó de las declaraciones emitidas en el programa radial El Gobierno de la Mañana, donde dijo que esa institución limitaría el reclutamiento de hijos de madres solteras, acción que provoco duras críticas en su contra, dentro de las cuales estuvo, además, el pedido de su destitución.

El 2022 será año crucial para consolidar el proceso de reforma y modernización de la Policía Nacional 

Los niveles de inseguridad ciudadana que afectan a República Dominicana han motivado al Gobierno a emprender diversas acciones para mejorar los indicadores en ese sentido.

Una de las disposiciones ha sido la implementación de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro” que inició como proyecto piloto en el sector Cristo Rey en el Distrito Nacional, el cuatro de junio y se aplica en La Zurza, La Puya de Arroyo Hondo y ensanche La Fe.

En el interior el plan se ejecuta en San Francisco de Macorís y Santiago. Mientras que se prevé llevarlo a Santo Domingo Este.

En un balance preliminar de los resultados de la estrategia, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, dijo que la inseguridad había bajado entre un 40% y un 100% en los primeros sectores en los que se puso en marcha Mi País Seguro.

Parte de los aprestos por mejorar la seguridad ciudadana es la reforma y modernización de la Policía Nacional, cuyo diagnóstico y recomendaciones para llevarla a cabo les fueron entregadas al presidente de la República, Luis Abinader, el 13 de diciembre.

En el informe se citan entre otras deficiencias a lo interno de la Policía Nacional, la falta de vehículos, personal y tecnología para operar en muchos de sus departamentos.

Además la necesidad de reforzar los planes de formación dentro de la carrera y filosofía policial para lo que se plantean planes a ejecutar.

Pese a que no se impusieron plazos para la reforma, los planteamientos hechos por el mandatario y por el coordinador de la comisión que realizó el informe, Servio Tulio Castaños, el 2022 será clave para iniciar las tareas que se tienen por delante, que incluyen un control externo que podrá ser ejercido por ciudadanos independientes escogidos para esos fines.