Tribunal mantiene medida de coerción contra implicado en Operación Falcón

La jueza Iris Borgen, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, ratificó este miércoles los 18 meses que le fueron dictados como medida de coerción contra Juan Carlos Mosquea Eduardo, implicado en la supuesta red de lavado de activos producto del narcotráfico desmantelada mediante la Operación Falcón.

La magistrada Borgen decidió mantener al imputado en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres.

El equipo de fiscales que representó al Ministerio Público estuvo encabezado por Sourelly Jáquez.

La funcionaria judicial aseguró que no han variado los presupuestos que dieron origen a la prisión preventiva que se le impuso al imputado en octubre del 2021.

Informó que el órgano acusador aportó nuevas evidencias que vinculan al encartado con la supuesta organización criminal.

“El Ministerio Público depositó nuevas pruebas que muestran que el encartado representa peligro de fuga y que hay elementos más graves que se dieron, incluso, después de los hechos”, declaró Jáquez.

La jurista Ingrid Hidalgo, abogada de Mosquea Eduardo, rehusó hablar con la prensa a su salida del Tribunal. 

Juan Carlos Mosquea Eduardo es hermano del prófugo Erick Randhiel Mosquea Polanco, el presunto cabecilla de la red. El también conocido como Rodolfo Beltrán, El Sony 7, El Chiquito, El Hombre y/o Chite, operaba la organización desde Santiago, según la acusación del Ministerio Público.

Al menos 30 personas han sido sometidas por sus supuestos vínculos a esa organización. Según el expediente del Ministerio Público, la red de lavado manejaba millones de dólares en efectivo, amenazaban a personas e intentaron evadir la persecución penal utilizando la inmunidad con el patrocinio de campañas electorales de legisladores.