Los apresados en la Operación Discovery sobornaban autoridades para evadir la justicia

Los miembros de la “Red Criminal de los Call Center” apresados en la Operación Discovery guardan relación con la poderosa banda latina “Los Trinitarios”; muchos habían sido deportados desde los Estados Unidos por actividad delictiva cometidas en ese país, pero lejos de reenfocar sus vidas en territorio dominicano, supuestamente se dedicaron a las estafas, extorsión, e intimidación ejercida a través de los “call center”.

Pero eso no es todo. La organización es muy peligrosa y con un gran poder económico, establece el Ministerio Público. Supuestamente llegaron a mover más de US$250 millones en sus múltiples modalidades delictivas, y trataron de darle apariencia de licitud mediante la adquisición de lujosos bienes y creación de entramados de empresas fachadas, dedicadas al lavado de activos.

Comprar conciencia

Los investigadores han encontrado evidencias de que varios miembros de la organización traficaban con drogas, y armas de fuego. Además, establecen que los líderes de la organización estaban acostumbrados a comprar conciencias mediante sobornos a autoridades para operar en la impunidad y evadir a la justicia.

Modus operandi

El grupo, liderado por Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Dari), utilizaba un sistema informático programado para ubicar los perfiles idóneos en las redes sociales, generalmente norteamericanos, mayores de 60 años, con buen nivel económico.

Una vez identificaban a las víctimas, las contactaban desde call centers e iniciaban el proceso de estafa mediante la usurpación de identidad, extorsión sexual, intimidación, se hacían pasar por agentes del FBI, también hacían de presuntos proveedores de medicamentos, entre otras artimañas para lograr el robo.

Al hacerse pasar por autoridades federales amenazaban a sus víctimas de ser enviadas a prisión si no realizaban un pago a una cuenta o dirección de la red que siempre estaba a nombre de un tercero, especifica el expediente.

“Infundían terror a personas diciéndoles que podían secuestrarlos a ellos y su familia. Esto les garantizaban que las víctimas pudieran depositar altas sumas de dinero en dólares, logrando así el resultado del crimen”.

A la red se le imputa la comisión de crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, usurpación de funciones, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y tráfico de drogas. Además, se le añade el cargo de uso de armas de fuego, porte y tenencia de armas de fuegos ilegales.

El Ministerio Público destaca que el entramado utilizaba armas de alto calibre, que solo eran permitidas para uso de policías y militares como es el caso de Uzi.