Tribunal Constitucional resuelve conflicto de competencia entre Defensa Pública y el MAP

El Tribunal Constitucional acogió la acción de conflicto de competencia incoada por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) en contra de una resolución del Ministerio de Administración Pública (MAP) que objetaba el pago del bono vacacional a los servidores públicos.

El pasado 5 de abril del 2021, la ONDP interpuso el recurso ante el Tribunal Constitucional debido a la negativa del MAP de ejecutar el pago de vacaciones a los servidores de esa entidad en atención a su Resolución núm. 041-2020, con la que había modificado los tipos y modalidades de incentivos de los empleados públicos.

Defensa Pública alegó ante el TC que esta entidad tiene autonomía funcional, administrativa y presupuestaria por lo que no era atribución del MAP trazarle sus políticas salariales.

Consecuentemente, el Tribunal Constitucional declaró mediante la sentencia No. TC/0056/22, “que corresponde a la Oficina Nacional de Defensa Pública, a través del Consejo Nacional de Defensa Pública, la posibilidad de establecer un bono vacacional como parte de su política salarial, siempre que dicho órgano constitucional cuente con los fondos presupuestarios de dicho otorgamiento”.

Tras resultar favorecido, el director de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, expresó, que la sentencia es un punto de inflexión que marca un antes y un después para el desarrollo institucional de la ONDP, acogiendo a favor y así resaltando el estatus de órgano constitucional.

Indicó: “No asumimos que existe un perdedor, sino que todos contribuimos a la institucionalidad, la supremacía de la Constitución y la responsabilidad del Estado de garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a la defensa pública en las distintas áreas de su competencia”.

¿Qué hace la Oficina Nacional de Defensa Pública?

La Oficina Nacional de Defensa Pública es una institución que brinda servicio de defensa legal gratuita, por medio de un cuerpo de abogados, dirigido a las personas privadas de su libertad o vinculadas a un proceso judicial, que carecen de recursos económicos para pagar un abogado o que por cualquier causa no tengan uno.