Tribunal acoge de manera parcial solicitud del Ministerio Público en caso Discovery

La jueza Yiberty Polanco, de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, acogió de manera parcial la solicitud de medidas de coerción contra los imputados de formar parte de la supuesta red dedicada al ciberdelito, desmantelada mediante la Operación Discovery.

Solo ocho de los 39 encartados contra los que el órgano solicitaba prisión preventiva fueron encarcelados por la magistrada Polanco.

Los preventivos son Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, José Eliezer Rodríguez Ortiz, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández (Mayo), Ángel Rafael Peralta Guzmán (Alikate), Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o La Válvula), Máximo Miguel Mena Peña (Max), Jhonatan Francisco Vásquez Ventura y Genaro Antonio Hernández Caba (Moreno K5).

Los preventivos deberán cumplir la sanción en distintos centros penitenciarios del nuevo modelo.

Contra Emmanuel Castro Ozuna (Billete) fue impuesto arresto domiciliario. 

Mientras que contra los restantes 31 el Tribunal les impuso garantías económicas que oscilan de cinco mil pesos a un 1.5 millones de pesos. Entre los que deben pagar las garantías figuran: Kimberly Rodríguez Ortiz, Josué de Jesús Marte, Anabel Adames, Víctor Manuel Hernández, David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hiche Cárdenas, Wilmer Abreu Durán, Juan de Dios Martínez Brito, Salim Bautista Santana, Enrrique Sánchez, Cedrik Sánchez Rodríguez, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada (Blood), José Efraín Mejía, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez y William Alberto Díaz Cruz.

Asimismo, son imputados Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then y/o Joel Estévez Mena, Willys Mena, Augusto Fermín Jáquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng, Bonifacio Estévez y/o Bonifacio Daniel Estévez Irrizari y Linda Pérez.

La jueza fijó la lectura íntegra de la resolución de la medida de coerción para el día 19 de este mes. Al Ministerio Público le otorgó ocho meses para presentar acto conclusivo del caso.

A pesar de que solo son ocho los enviados a prisión, la fiscal Sourelly Jáquez destacó que la jueza de Atención Permanente impuso medidas de coerción contra todos los encarcelados.

“Fue una decisión sin precedentes. Es el primer caso que se presenta como ciberdelincuencia en el país, a manera de criminalidad organizada, y hubo medidas de coerción para todos los vinculados en el proceso”, expuso Sourelly Jáquez.

Dijo que los imputados que van a prisión son los propietarios de los centros de llamadas donde supuestamente operaba la organización. 

Abogados

Joel Adames, abogado de dos de los encartados, aseguró que el Ministerio Público fue “derrotado” en la audiencia por lo débil del expediente presentado.

“El órgano debe analizar porque solo ocho de los treinta nueve imputados fueron enviados a prisión. Yo lo califico como vergonzoso”, declaró Adames.

Grismaldy Ruiz, representante legal de otros dos imputados, considera que la jueza Polanco favoreció a la mayoría de los implicados con medidas de coerción, diferente a lo solicitado, “por el abultamiento de las pruebas presentadas por el Ministerio Público”.

Expediente

La acusación del órgano indica que el grupo cometió por años extorsión y sextorsión para conducir a sus víctimas, residentes en Estados Unidos, a un estado de desesperación y desequilibrio emocional y así lograr que se desprendieran de recursos económicos.

La estructura fue desmantelada mediante decenas de operativos simultáneos en el país, así como en Nueva York, que servía de redes electrónicas y de centros de llamadas que montó a los fines para contactar y manipular a los afectados.

La audiencia de solicitud de medida de coerción empezó en marzo, cuando fueron realizados los primeros allanamientos, y se extendió por más de un mes. 

En la investigación de la red, el Ministerio Público contó con el trabajo coordinado del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de Estados Unidos, y la Dirección General de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Policía Nacional.

La red internacional desmantelada con la Operación Discovery tenía su centro operativo en Santiago, con alcance territorial en Puerto Plata.