Juezas darán fallo del caso Omsa y Yuniol Ramírez este jueves
Imputados apelaron a que el tribunal valore pruebas y que se “haga justicia” en cada uno de sus casos
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recesaron para el próximo jueves, 8 de septiembre, el fallo del caso por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez y por presunta corrupción dentro de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa).
La decisión fue tomada luego que concluyeran las presentaciones de la defensa y que los imputados se expresarán en la sala de audiencias este lunes.
El abogado de Argenis Contreras, Plutarco Jáquez, vaticinó que la mayoría de los imputados en este caso serán descargados “por la manipulación que hizo el Ministerio Público del expediente y porque sacó a los verdaderos responsables del crimen”.
Ramírez, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (Cona), fue encontrado muerto con un block de concreto atado a su cuello por medio de una cadena en un arroyo de Hato Nuevo, en Santo Domingo Oeste. Luego del hecho, narró el Ministerio Público, Argenis Contreras huyó a Estados Unidos, donde fue capturado y tres años después entregado al país.
Para Contreras, el Ministerio Público solicitó la semana pasada la pena máxima de 30 años de prisión, mientras pidió 20 años para los imputados Manuel Rivas, Faustino Rosario, Víctor Ravelo Campos y José Antonio Mercado Blanco y cinco años para Jorge Luis Abreu, Heidy Carolina Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez.
El órgano persecutor de la corrupción y criminalidad vincula el asesinato, ocurrido en octubre de 2017, con los supuestos actos de corrupción administrativa alegadamente ocurridos en la entidad gubernamental de transporte que era dirigida por Manuel Rivas desde agosto de 2012.
Durante la presentación de las conclusiones los imputados tuvieron la oportunidad de dirigirse a las juezas a quienes reconocieron su imparcialidad a la hora de impartir justicia. Una de ellas fue Heidy Peña quien llamó la atención del Ministerio Público para que descontinúen las prácticas violatorias de los derechos humanos que dijo implementan. Comentó que cuando se le hizo el allanamiento la entonces fiscal Olga Diná le pidió a un policía que “buscara a su hijo, para que viera que su madre era una delincuente”. Lo mismo dijo el Grande, que tiene “cinco años secuestrado en ese proceso” sin saber nada del caso.
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