Piden RD$10 millones en efectivo contra Ángel Martínez por difamación a Milagros De Camps

El Ministerio Público solicitó medidas de coerción consistente en 10 millones de pesos en efectivos, impedimento de salida del país contra el llamado el Detective Ángel Martínez como consecuencia de la querella que interpuso en su contra la ex viceministra de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán.

La coerción será conocida esta tarde por el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.

Los fiscales del Departamento de Investigaciones de Propiedad Intelectual e Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional solicitaron la medida por entender que Martínez no ofrece garantías para presentarse al proceso en su contra por este caso.

Se recuerda que el comunicador tiene varias querellas en su contra, una de ella también interpuesta por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

La audiencia de la medida de coerción estaba fijada para horas de la mañana, pero el abogado de Martínez dijo que no fue notificado, por lo que fue aplazada para la tarde de hoy, miércoles.

Llegó apresurada y no habló a la prensa

De Camps Germán llegó apresurada al tribunal y se negó en todo momento hablar con la prensa.

En cambio Martínez sí respondió a todas las preguntas que le hicieron periodistas y dijo que "pretenden" tenerlo o en "la tumba o en la cárcel". 

La solicitud de medida de coerción contra Martínez fue presentada ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, en virtud de la violación a los artículos 21 y 22 de la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que castiga la difamación e injuria a través de canales electrónicos.

Comentarios afectan su vida profesional y laboral

De Camps y sus abogados no han querido hablar con la prensa, pero según una comunicación de prensa de la Fiscalia del Distrito Nacional, la joven, quien es abogada de profesión, ha dicho alega que las publicaciones de Martínez, sin ningún tipo de fundamento ni pruebas, afectaron de manera directa su vida laboral, personal y profesional.

De acuerdo con la instancia, en diversas fechas el imputado incurrió en difamación e injuria contra la víctima mediante publicaciones realizadas a través de sus redes sociales.