Argenis Contreras pierde su última batalla: deberá cumplir 20 años por muerte de Yuniol

La Suprema Corte rechazó el recurso de Argenis Contreras, condenado a 20 años por la muerte del profesor universitario; el expediente atravesó casi nueve años, dos juicios y una larga batalla de apelaciones

El vehículo de Yuniol Ramírez permaneció en el estacionamiento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Él, en cambio, había desaparecido.

Era el 11 de octubre de 2017. El abogado y profesor universitario había impartido docencia y sus familiares comenzaron a preocuparse cuando transcurrieron las horas sin saber dónde estaba.

Al día siguiente apareció el cadáver.

Estaba en un arroyo de Hato Nuevo, Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste. Presentaba una herida de bala y había sido sujetado con cadenas, candados y bloques de concreto. Lo que inicialmente había comenzado como la búsqueda de un profesor desaparecido se convirtió rápidamente en uno de los expedientes criminales y de corrupción más complejos de los últimos años en República Dominicana.

Casi nueve años después, el proceso contra el principal condenado llega a una instancia decisiva.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por Argenis Contreras González y dejó firme la condena de 20 años de prisión por la muerte de Ramírez, según informó este viernes el Ministerio Público.

Contreras deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Pero entre aquella desaparición de octubre de 2017 y la decisión de la Suprema Corte hubo una historia de llamadas telefónicas, vehículos, pruebas balísticas, una salida hacia Estados Unidos, años de litigios y hasta la anulación de una primera condena.

La última llamada

Una pieza terminaría teniendo particular peso en la reconstrucción presentada por la acusación.

Durante el segundo juicio, el coronel Isaías Tamares, encargado de analizar comunicaciones y ubicación de los involucrados, declaró que la última llamada registrada en el teléfono de Yuniol Ramírez el 11 de octubre de 2017 había sido realizada por Argenis Contreras.

El Ministerio Público incorporó al proceso informes sobre comunicaciones, actividad telemática, pruebas informáticas y ubicación de teléfonos celulares.

También presentó evidencias relacionadas con una camioneta Ford Ranger que vinculó con Contreras.

Elmer Frías declaró ante el tribunal que había importado y vendido ese vehículo a Contreras. Un perito policial aseguró que observó manchas rojizas y un impacto de bala en el cristal delantero derecho de la camioneta.

La tesis del Ministerio Público era que el vehículo había sido utilizado para trasladar el cadáver.

En el lugar donde apareció Ramírez, los investigadores recogieron los bloques, la cadena y el candado empleados para sujetar el cuerpo. Esos objetos terminaron años después presentados como evidencias ante el tribunal.

Otro perito reconstruyó la trayectoria del disparo que produjo la muerte del catedrático y presentó su informe balístico durante el segundo juicio.

No todas las pruebas transitaron por los tribunales sin cuestionamientos.

La defensa de Contreras sostuvo durante el proceso que no existían pruebas directas contra su cliente y cuestionó contradicciones entre algunos testigos y peritajes.

Finalmente, los tribunales volvieron a declararlo culpable.

Del profesor desaparecido al escándalo de la OMSA

Yuniol Ramírez no era únicamente profesor de Derecho de la UASD. Presidía la Convergencia Nacional de Abogados (Cona) y había denunciado supuestas irregularidades en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Argenis Contreras trabajaba precisamente allí, como encargado del área de Compras y Contrataciones.

Pocos días después del crimen, la Policía y el Ministerio Público presentaron una primera teoría según la cual el homicidio estaba relacionado con una presunta exigencia económica de Ramírez a funcionarios de la OMSA.

Aquella versión fue rechazada desde el principio por familiares del profesor y autoridades de la UASD.

Las investigaciones terminaron abriendo, además del expediente por el homicidio, una causa relacionada con actos de corrupción dentro de la institución estatal.

El asesinato había destapado un caso mucho mayor.

El proceso terminó incluyendo al entonces director de la OMSA, Manuel Rivas, y a otros funcionarios y particulares, aunque el Ministerio Público no logró establecer una responsabilidad de Rivas en el asesinato. Su procesamiento estuvo relacionado con los delitos de corrupción administrativa.

Argenis desaparece

Mientras investigadores comenzaban a reconstruir las últimas horas de Yuniol, Argenis Contreras ya no estaba en República Dominicana.

Según el Ministerio Público, salió del país después del crimen y llegó a Estados Unidos.

Allí inició otra batalla.

Contreras intentó permanecer en territorio estadounidense mediante un proceso migratorio, pero la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos terminó rechazando su solicitud de asilo en diciembre de 2020.

El 2 de febrero de 2021, más de tres años después del asesinato, regresó a República Dominicana.

Diario Libre reportó entonces que llegó junto a otros 15 dominicanos deportados desde Estados Unidos y que las autoridades migratorias estadounidenses habían determinado que había ingresado a ese país con documentos alterados.

Desde el aeropuerto fue trasladado directamente a la Procuraduría General de la República.

El principal acusado finalmente estaba frente a la justicia dominicana.

Primera condena: 20 años

El primer gran desenlace llegó en septiembre de 2022.

Después de casi cinco años de procesos, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró culpable a Contreras y lo condenó a 20 años de prisión por la muerte del profesor.

Parecía el final.

No lo fue.

La defensa recurrió la sentencia y, en febrero de 2024, la Corte de Apelación encontró problemas en la valoración de algunas de las pruebas.

Entre los puntos cuestionados figuraban la interpretación de los datos de ubicación de los teléfonos, las circunstancias en las que habría ocurrido el disparo y la forma en que el tribunal había establecido determinados hechos.

La Corte anuló aquella condena y ordenó celebrar un nuevo juicio.

Contreras regresaba al banquillo.

Otra vez 20 años

El segundo juicio comenzó en julio de 2024.

Durante semanas volvieron a desfilar policías, peritos, exempleados de la OMSA y especialistas que habían trabajado con las evidencias electrónicas y balísticas.

El Ministerio Público pidió esta vez la pena máxima: 30 años de prisión.

El tribunal no concedió los 30.

Pero volvió exactamente al mismo punto que el primer juicio.

Veinte años.

El 28 de octubre de 2024, el tribunal declaró nuevamente culpable a Argenis Contreras y le impuso otra vez 20 años de prisión.

La defensa apeló.

Y el expediente volvió a subir por la estructura judicial.

El 29 de diciembre de 2025, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó el recurso y mantuvo la condena.

Quedaba la casación.

La última batalla ante la Suprema

Contreras llevó el caso ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

Según la información suministrada este viernes por el Ministerio Público, la procuradora adjunta Fadulia Rosa pidió a los jueces rechazar el recurso al considerar que las instancias anteriores habían valorado correctamente las pruebas utilizadas para determinar la responsabilidad penal de Contreras.

Los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy I. Salcedo Fernández, Fran Euclides Soto Sánchez y Yorlin L. Vásquez Castro rechazaron la casación.

Con ello queda firme, según el Ministerio Público, la sentencia de 20 años.

La resolución coloca un cierre en la vía ordinaria a una historia judicial que comenzó con una escena desconcertante en la UASD: un profesor que había terminado de impartir clases, un vehículo que permanecía estacionado y un hombre que no aparecía.

Al día siguiente estaba muerto en un arroyo.

Después vendrían la investigación de la OMSA, la salida de Contreras hacia Estados Unidos, su retorno tres años después, una primera condena, su anulación, otro juicio, otra condena, dos apelaciones y finalmente la Suprema Corte.

La pena terminó donde comenzó en 2022: 20 años de prisión para Argenis Contreras por la muerte de Yuniol Ramírez