40 fiscales junto a treinta investigadores más, al frente de lucha contra corrupción

Los cinco casos de presunta corrupción administrativa que actualmente son debatidos en los tribunales de justicia suman un total de 42 personas a las que la Procuraduría General de la República imputa delitos como lavado de activos, coalición de funcionarios, estafa y sobornos entre otros actos que se habrían cometido contra el Estado.

Para hacer frente a esos casos, así como para apurar las diligencias de más de 500 investigaciones que tienen en curso, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público cuentan con 40 fiscales y otros 30 especialistas multidisciplinarios que conforman el batallón en la lucha que libran en contra de la corrupción.

Wilson Camacho, titular de la Pepca, afirmó que ese equipo, al que se suma el personal de apoyo administrativo, debe trabajar 12 horas, seis días a la semana para poder dar respuesta a cada caso judicializado o en proceso de investigación. En su caso particular, o de la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, las jornadas pueden ser un poco más amplias, indicó.

“Los equipos tienen plazos administrativos para ejecutar sus tareas, a fin de poder tener listos los procesos en el menor tiempo posible”, dijo Camacho.

Según explicó, cada equipo se organiza por caso y dentro de ellos cada integrante hace de todo, sea investigar o litigar en los tribunales. En sus tareas, los fiscales de la Pepca y de Persecución cuentan con el apoyo de los miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, que tiene más de 30 miembros formados por el FBI y está compuesta por abogados, psicólogos, contadores, entre otras disciplinas.

Los casos

De los casos que se debaten en los tribunales, solo el juicio contra las seis personas acusadas de recibir sobornos de parte de la constructora Odebrecht se encuentra en fase de juicio de fondo. Los otros cuatro están aún en la fase inicial de investigación. En la denominada Operación Antipulpo, que se dio a conocer en diciembre de 2020, la Pepca solicitó medidas de coerción contra once personas incluidas dos hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina, así como varios exfuncionarios de esa gestión.

En mayo de este 2021 se produjo el arresto de seis personas en la que se denominó Operación Coral y un mes después, se produjo el arresto de 10 personas acusadas de un sorteo que se alega fue fraudulento, incluido el propio director general de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent.

El más reciente de los casos corresponde a la Operación Medusa, que abarca a nueve personas, entre ellas, el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.