A dos años de muerte de un taxista y mecánico en Baní, no se ha iniciado juicio

Los policías imputados por el crimen están en libertad provisional

José y Josefina Díaz Pimentel, hermanos de uno de las víctimas piden justicia. (Archivo - Diario Libre)

SANTO DOMINGO. A dos años de la muerte a tiros de un reconocido mecánico y un taxista de Baní, provincia Peravia, no se ha podido iniciar la fase de juicio en contra de un grupo de agentes suspendidos de la Policía Nacional que fueron imputados por el crimen y quienes hace casi un mes fueron favorecidos con la libertad provisional.

El jueves pasado se tenía previsto iniciar el juicio de fondo en contra Robinson Ovalles Geraldino; Alejandro Bidó Encarnación; Jesús Sarita Vásquez; Franny Mercedes Mejía y Samuel Herrera Figuereo, pero algunos de los testigos y abogados de los imputados no estuvieron presentes, por lo que el caso fue aplazado una vez más para el 28 de enero del año próximo a los fines de que estén presentes todas las partes del proceso.

Tirson Adolfo Pérez Mejía, de 39 años, y Rubén Darío Díaz Pimentel, de 50 años, fueron ultimados por un grupo de policías cuando supuestamente trataban de frustrar un supuesto intento de secuestro a comerciante banilejo.

Josefina y José Díaz Pimentel, hermanos del taxista, acudieron el jueves ante los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para el inicio del juicio de fondo, pero resultó en otro aplazamiento, a lo que resultaron indignados.

“No es posible que tengamos que estar trasladándonos desde Baní hasta la capital cada vez que haya audiencia, para que nos salgan con un reenvío o un aplazamiento. Nosotros estamos cansados porque están jugando con nosotros, ya los soltaron a todos... Nosotros queremos justicia”, dijo la señora Josefina Díaz.

Definieron a su hermano Rubén Darío Díaz Pimentel como un hombre trabajador, serio y un ser humano ejemplar.

Aunque en principio el caso judicial se estaba conociendo en Baní, fue declinado hace poco más de un año al Distrito Nacional, por solicitud de varios de los imputados por “sospecha legítimas” contra los jueces de Baní y por el alegato de los agentes de que sus vidas corrían peligro, de seguir con el proceso en Peravia.