Abogado denuncia que excluyeron pruebas del caso Súper Tucano

El abogado Alejandro Tejada, defensor del coronel Carlos Piccini Núñez implicado en el caso Súper Tucano, denunció este lunes que fue excluida del expediente una de las principales prueba probatorias con la finalidad de cerrar la posibilidad de incluir otras personas que fueron dejadas de un lado en este caso de presunta corrupción.

En un comunicado enviado a los medios de comunicación, Tejada explicó que lo que excluyeron fue una prueba enviada desde Uruguay que involucra en el caso al actual administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereyra Rojas, y al dirigente reformista José Balaguer Coste.

En la audiencia del 2 de octubre de este año, realizada en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el Ministerio Público renunció a la presentación de dicha prueba, bajo el alegato de que era “extemporánea”, por haberla recibido luego de la presentación de la acusación a los imputados, razón por la que la jueza Raquel Astacio acogió la petición.

Según informó Tejada en el documento, se trata de una prueba enviada desde Uruguay, país de donde habrían llegado los tres millones 420 mil dólares que la empresa Embraer admitió haber pagado como soborno para la venta a la de los aviones Súper Tucano.

El abogado precisó que entre las empresas a las que se envió el dinero figuran Sapherofa Invesment Group Internacional, propiedad de Samuel Rojas Pereyra y ASSS, propiedad de Balaguer Coste.

Escollos del caso

La audiencia preliminar del caso de sobornos para la compra de ocho aviones Súper Tucano tiene casi tres años en la etapa preliminar. La acusación fue formulada en septiembre de 2017.

Los constantes reenvíos atrasaron el proceso judicial que se lleva a cabo por los 3.5 millones de dólares que la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) admitió haber pagado en sobornos para la compra y venta de los aviones.

En septiembre del 2018 la Procuraduría General de la República (PGR) informó que Embraer le entregó al Ministerio Público más de cuatro mil piezas documentales que contienen información sobre los supuestos sobornos pagados en 2009. La empresa también pagó siete millones 40 mil dólares a favor del Estado dominicano.

Por el caso nadie guarda prisión. Están vinculados el exministro de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado Rafael Peña Antonio, y el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, coronel Carlos Piccini Núñez. Además, los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández; Ysrael Abreu Rosario y Félix Del Orbe Berroa, así como las empresas Magycorp, S.R.L., y 4D Business Group.