Cámara de Cuentas suspende e impugna contrato para defensa legal de pasados titulares

La Cámara de Cuentas (CC) declaró lesiva para el interés público la decisión DEC-X-2021-001, mediante la cual los anteriores titulares de esa institución aprobaron la contratación de los servicios legales de la firma de abogados de Julio Cury, Inteligencia Legal, y de Francisco Franco Soto para defenderlos ante las investigaciones del Ministerio Público en su contra en el denominado caso Caracol.

La institución pagó a Francisco Franco Soto y a Inteligencia Legal S. R. L. RD$6,435,000 por la representación legal de titulares y empleados de la CC.

El actual Pleno aprobó en la Resolución ADM-2021-X-008 del 1 de noviembre del 2021 suspender los efectos jurídicos de la referida decisión, los efectos de las contrataciones y las actuaciones administrativas realizadas en consecuencia. Asimismo, acordó impugnar la disposición el antiguo pleno ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) a los fines de que declare la nulidad del documento y de las actuaciones y contrataciones que fueron suscritas.

El contrato

La anterior CC suscribió dos contratos con el objetivo de demandar al Ministerio Público para la entrega de los interrogatorios practicados a los miembros del pleno, exigir la entrega y demandar la nulidad de la Resolución 01-2021, dictada por la jueza de la Suprema Corte de Justicia, María G. Garabito.

La magistrada Garabito había autorizado iniciar un proceso de investigación en contra de los miembros del pleno y exempleados de la CC, lo que originó la realización de allanamientos en la sede de la entidad.

Los representantes legales también debían imponer una acción en conflicto de competencia y cualquier otra acción de orden constitucional y legal que se estime pertinente. La Instancia de Resolución de Peticiones y la Instancia de Nulidad de Orden de Allanamiento fueron incoadas por Julio Cury, Eduardo Prats y Danay Mercado.

Dicho contrato contenían una cláusula penal en la que se dispuso que si la terminación del mismo se realizaba por voluntad unilateral de la CC, esta tendría la obligación de liquidar los honorarios profesionales que estén pendientes de pagar a favor de la firma de abogados y de Francisco Franco Soto, sin lo cual no podrían contratar a otros abogados para la prestación de ese servicio y tendrían la obligación de indemnizarlos moralmente con el pago del duplo de la suma convenida a título de honorarios.

La referida decisión aprobada por los titulares de la CC en el período 2017-2021 fue aprobada con el voto de tres de los cinco miembros: Hugo Francisco Álvarez Pérez, Félix Álvarez Rivera y Carlos Noé Tejada Díaz. Margarita Melenciano Corporán y Pedro Ortíz no estuvieron presentes en la sesión.

Los pagos

El pleno vigente de la CC estableció que el pago se realizó en tres partidas: la primera de RD$1,350,000 al licenciado Francisco Franco Soto, un segundo pago de RD$3,150,000 correspondiente al 75% por concepto de servicios de representación legal a favor de Inteligencia Legal S. R. L., y un tercer cheque por la suma de RD$1,935,000 como completivo del 25% restante a Inteligencia Legal S. R. L.

Aclaración de la Pepca

Cuando asumieron sus cargos los nuevos integrantes de la CC solicitaron a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) una certificación respecto al objeto de su investigación, a lo que ésta respondió: “Queremos dejar bien claro que el Ministerio Público no ha estado ni está investigando penalmente a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (...). La investigación que mantiene abierta se circunscribe exclusivamente a la responsabilidad penal personal de los salientes miembros de su pleno, funcionarios y otros empleados de la entidad, que se apartaron del deber legal que les correspondía y que con su actuación activa y omisiva entraron en contradicción con las normas penales dominicanas”.

CC inicia proceso

La CC indica que no advirtió la existencia de ningún texto legal que justifique, en el interés público o en un fin constitucionalmente legítimo la decisión del anterior pleno, por lo que el 3 de agosto de 2021 inició el procedimiento de declaratoria de lesividad de la referida resolución y procedió a impugnarla por ante el Tribunal Superior Administrativo en busca de que se declare su nulidad.

Mientras tanto, el pleno suspendió mediante la resolución ADM-2021-007 los efectos jurídicos de ese documento y desistió de todas las acciones e instancias legales depositadas por sus antecesores por ante la jurisdicción penal, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional.

El pleno de la CC identifica el interés público con la satisfacción de las necesidades y los fines públicos.

Reacción de Inteligencia Legal S. R. L.

La firma de abogados indicó a la CC que no tenía “potestad para suspender unilateralmente actos administrativos firmes ni mucho menos la ejecutoriedad de contratos de servicios que se hayan celebrado al amparo de dichos actos administrativos”. La compañía establecía que la resolución con la que se acordó contratar sus servicios era “un acto administrativo firme ajeno a mis requirientes, y la contratación de servicios derivada de ella es un convenio perfeccionado cuya suspensión no es posible en las condiciones que pretende la Cámara de Cuentas” (...).

Advirtieron a la CC que de no dejar sin efecto la Resolución ADM-2021-007, “estarían incurriendo en una vía de hecho, desprovista de base normativa, y consecuentemente, estarían comprometiendo la responsabilidad patrimonial de la Cámara de Cuentas y la de sus miembros como resultado de sus actuaciones y omisiones antijurídicas y lesivas al ordenamiento jurídico”.

La firma notificó a la CC una solicitud de medida cautelar que interpuso ante la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo contra la resolución que ordenó iniciar el procedimiento de declaratoria de lesividad.

Expresidente se defiende

Hugo Francisco Álvarez Pérez notificó a la CC su oposición al procedimiento de lesividad defendiendo la legalidad del contrato y argumentando que los abogados no fueron contratados para prestar asistencia jurídica a los miembros, ya que cada uno se hizo asistir de manera individual.

Álvarez Pérez expresó su sorpresa porque el Ministerio Público allanó la sede de la CC y no su vivienda particular, lo que hace entender al actual pleno que él reconoce con eso que la investigación estaba dirigida a los titulares y no a la institución.