Constitucionalistas piden hacer valer sus derechos
Dicen decretos no les reconocen derechos adquiridos
Santo Domingo. Los militares y policías constitucionalistas de 1965 pidieron al Tribunal Constitucional (TC) declarar no conforme con la Constitución los decretos presidenciales mediante los cuales fueron reintegrados y puestos en retiro por el expresidente Leonel Fernández.
El TC conoció y dejó en estado de fallo, luego de que se cumplan los cinco días que otorgó a los abogados para ampliar conclusiones, el recurso interpuesto contra los decretos presidenciales 236-10 y 237-10 en los cuales se reintegraron, ascendieron y pusieron inmediatamente en retiro.
En su instancia, los constitucionalistas aseguran que los mismos violaron por omisión los derechos adquiridos por ellos al no reconocerles los rangos alcanzados a la edad de entrar en retiro, así como los haberes pasivos dejados de percibir.
“Porque si a usted se le reintegra a un cargo hay que reconocerle el tiempo que usted duró fuera, porque si se reintegra, fue porque hubo una violación a una ley”, refirió Andrés Fortunato Victoriá, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de abril de 1965.
A la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, donde sesionó el Tribunal Constitucional, acudieron decenas de personas que contribuyeron a poner fin a la inestabilidad política que vivió el país en esa época.
Aunque agradecen las disposiciones de los referidos decretos y los consideran como el aporte más significativo que gobierno alguno que gobierno alguno haya otorgado, entienden que los mismos contienen omisiones que no se corresponden con los que hubieran alcanzado de habérseles permitido continuar en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El Ministerio Público solicitó declarar conforme a la Constitución los decretos del expresidente Fernández por considerarlos apegados a la normativa y porque, además, las conclusiones de los impetrantes carecen de fundamentos.
El Constitucional también dejó en estado de fallo otros nueve recursos de inconstitucionalidad atacando normativas emanadas del Congreso Nacional, los ayuntamientos y el Poder Ejecutivo.
La audiencia estuvo encabezada por su residente Milton Ray Guevara.