Fundación Justicia y Transparencia manifiesta preocupación por el desarrollo de elecciones municipales

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) calificó de preocupante “la poca difusión y falta de campañas educativas por parte de la Junta Central Electoral destinadas a informar a la ciudadanía sobre cómo votar en las elecciones municipales” del próximo domingo y vaticinó que puede haber una abstención de 60%.

Trajano Vidal Potentini consideró que, debido a sus características, las elecciones constituyen un hito en la historia democrática del país, y la situación se agrava porque “más del 65% de los dominicanos no tiene ni idea de que el próximo domingo se estarán celebrando elecciones municipales, esto sumado al descrédito de la política, lo que indefectiblemente nos llevaría a una abstención sin precedentes”.

El jurista instó a los ciudadanos acudir “consciente y masivamente” a las urnas el próximo domingo para ejercer el deber y derecho fundamental al voto, en las elecciones municipales.

También recordó que el derecho al voto, se erige en una obligación y un deber cívico, ya que a través de ese ejercicio ciudadano se seleccionan a los funcionarios y representantes que regirán los destinos de la cosa pública.

Leyes electorales son ambiguas

El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia consideró que las leyes electorales resultan “ambiguas, oscuras e insuficientes para tipificar y castigar la compra de cédulas”.

De acuerdo con Potentini, la configuración y tipificación legal de los delitos electorales previstos en los artículos 282 al 290 de la Ley 15-19 de Régimen Electoral, “ni siquiera en ninguna de sus partes menciona la palabra cédula, más aún se limita a enunciar una cantidad de más de 60 posibles infracciones penales, y en ningún caso, de manera concreta, se refiera a la compra y comercialización de cédula”.

Potentini recordó que en materia penal el elemento legal de los delitos o infracciones, como presupuesto base de su existencia, debe ser claro y preciso, en razón del garantimos que rodea a los posibles imputados, además del rango constitucional con que son beneficiados por efectos del principio de favorabilidad.