Pide destitución fiscales lo acusaron de “sabotaje”
Coronel Guzmán Peralta dice le hicieron acusación falsa
Los abogados del coronel Ramón Guzmán Peralta acudieron la mañana de este lunes a la Procuraduría General de la República (PGR) para solicitar que sean destituidos cinco fiscales “que hicieron un expediente falso” y acusaron al oficial de un presunto sabotaje electrónico de las elecciones municipales de febrero de este año.
Los abogados Arístides Trejo y Pedro Montilla precisaron que con la solicitud se pretende que los fiscales sean suspendidos o incluso destituidos.
En la documentación que será depositada de manera virtual ante la Inspectoría General del Ministerio Público, debido a que no había personal para atenderlos de forma presencial, están incluidos los cinco fiscales que persiguieron al coronel “sobre la base de una falsa imputación con el presunto propósito de involucrar al candidato presidencial Luis Abinader en un supuesto sabotaje contra las elecciones municipales de febrero”.
Los fiscales contra quienes se solicita la investigación y sanción forman parte de un grupo de confianza del procurador general de la República. Ellos son Milciades Guzmán, titular del Ministerio Público en Santo Domingo Este; Joan Alcántara, José Guillermo Soriano, Fernando Quezada y Edward López Ulloa, titular de la fiscalía de Santo Domingo Oeste.
El alto oficial de la Policía Nacional, quien había sido asignado como escolta de Luis Abinader, estuvo detenido desde el 17 al 20 febrero en virtud de una orden de arresto y allanamiento dictada por el juez de atención permanente de la provincia Santo Domingo.
Acusaciones contra el oficial
De acuerdo a la denuncia, los funcionarios actuaron contrario al régimen disciplinario del Ministerio Público, en la medida en que solicitaron y ejecutaron una orden de arresto y allanamiento sobre la base de una falsa información, al decirle al juez de atención permanente que el coronel Guzmán Peralta “desde hace varios años estaba siendo investigado por tráfico de armas de fuego en todo el territorio dominicano, así como lavado de activo y terrorismo”. Aseguran que los fiscales cometieron faltas disciplinarias “porque inobservaron el mandato constitucional de garantizar los derechos fundamentales, y mintieron al juez en la solicitud de orden de arresto y allanamiento.