Presidente de la Suprema comparece ante un tribunal en calidad de requerido

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, compareció este lunes a una audiencia, pero no como juez, sino como requerido. En la vista, a la que fue convocado, se estuvo conociendo la objeción al archivo de una querella en su contra y de decisiones tomadas por el Consejo del Poder Judicial, el cual también preside.

Los objetantes son abogados de la ciudad de Santiago, liderado por Grimaldi Ruiz, y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), quienes buscan que sea revocado el archivo que le dio el Ministerio Público a la querella en la que se acusa al presidente de la Suprema por los delitos de abuso de poder, usurpación de funciones, y conculcación de la tutela judicial efectiva, mediante la implementación de las audiencias virtuales.

Fallo reservado

Después de conocer la audiencia, que se prolongó por casi siete horas, el juez de la Instrucción Especial, Justiniano Montero, se reservó el fallo sin fecha establecida para decidir si mantiene el archivo o lo revoca.

“Interpusimos una querella en contra del Poder Judicial y la persona de Luis Henry Molina como su presidente, por los delitos de abuso de poder, coalición de funcionarios, del cual el Ministerio Público dictó un archivo sin ni siquiera llamar a los querellante”, explicó el abogado Grimaldi Ruiz para explicar por qué objetaron.

Defensa Pública

El presidente de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín, actuó como abogado del magistrado Luis Henry Molina.

Al ser preguntado por los periodistas, Rodolfo Valentín consideró que el Ministerio Público archivó la querella por falta de pruebas.

Explicó que lo que estaba conociendo el magistrado Justiniano Montero es si revoca o mantiene el archivo de la querella y, aunque entiende que se mantendrá, dijo que de ser revocado el dictamen, se abre la posibilidad de que el Ministerio Público investigue la querella, la cual se archivó en una etapa inicial, no de fondo.

“Al final no existe elemento probatorio alguno que pueda sindicar o establecer algún tipo de responsabilidad penal en contra de los consejeros y del magistrado Luis Henry”, dijo Valentín.

En la vista, solicitó al tribunal que mantenga el archivo, tras alegar que la Procuraduría había decidido archivar porque “no hay delito para perseguir”, y falta “evidencia para formular acusación”.

Además justificó que el magistrado Molina compareció porque es un ciudadano como todos los demás y respeta las leyes y el debido proceso.