Presuntos integrantes de la familia Rosario piden destitución de Rosalba Ramos

Un grupo de los presuntos miembros de la familia Rosario han aprovechado la crisis en la que se encuentra la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, para manifestarse este miércoles en la Procuraduría General de la República (PGR) solicitando la destitución de la funcionaria del Ministerio Público.

Los manifestantes dicen estar convencidos de que el dinero de la herencia existe y llegó al país y que el abogado Jhonny Portorreal se ha adueñado de ese dinero, por lo que también piden su captura.

La fiscal del Distrito Nacional es quien lleva la investigación y sometimiento en contra de varios de los supuestos cabecillas de la red acusada de estafar a 284 personas con la promesa del cobro de la supuesta herencia.

Recientemente, la fiscal Rosalba Ramos también había revelado que estaba siendo investigada por la Inspectoría General del Ministerio Público, que alega un presunto mal manejo de este caso judicial.

Por el caso de la Familia Rosario está prófugo Jhonny Portorreal, principal implicado en la red fraudulenta. Mientras que se le conoció medida de coerción a Miguel de Óleo Montero, alias Miguelón, a quien le impusieron arresto domiciliario y uso de grillete electrónico.

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional también dictó arresto domiciliario para Miguelina Gómez Santana, y libertad pura y simple para Hilario Amparo.

La acusación

Según el expediente acusatorio, el modus operandi de los imputados incluía el cobro de altas sumas de dinero a las víctimas, que van desde RD$15 mil hasta RD$24 mil por persona, con el engaño de hacer las diligencias para el supuesto cobro de un falso patrimonio.

En la instancia presentada ante el tribunal por el coordinador de Litigación de la Fiscalía del Distrito Nacional, Denny Silvestre, los querellantes denunciaron a los encartados por haberles prometido el cobro de una herencia millonaria, presuntamente ascendente a 13 mil millones de euros.

El Ministerio Público ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano, que castiga el delito de estafa, y los artículos 2, 6 y 9 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos.