Se querellan contra autoridades de la Junta Electoral del Distrito Nacional
Julio César Martínez González asegura ganó una regiduría y se niegan a firmarle su certificado
El dirigente político Julio César Martínez González se querelló contra las autoridades de la Junta Electoral del Distrito Nacional por desacatar una sentencia de Tribunal Superior Electoral (TSE-564-2020 ) que ordena su juramentación como regidor electo de la capital por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados.
La querella depositada a través de sus abogados, Wellington Jiménez De Jesús y Desiderio Ruiz, en la Procuraduría Especializada Electoral, busca que los miembros de la Junta Electoral del Distrito Nacional sean condenados a pena de reclusión y al pago de una indemnización de RD$25 millones por daños y perjuicios en contra del demandante a quien, supuestamente, le negaron firmar su certificado de elección, tras haber ganado en las pasadas elecciones municipales.
Señalaron que el pasado 15 de mayo, la Junta Central Electoral, a través de la Dirección Nacional de Elecciones, con el oficio DNE-575-2020, entregó por secretaría de la Junta Electoral del Distrito Nacional el certificado de elección de Martínez González, pero las autoridades de esa dependencia supuestamente se resiste a entregar el documento al dirigente político.
Acusaron a la presidenta de la Junta del Distrito, Marie Linnette García Campos, de utilizar arbitrariamente su investidura, llegando al extremo de intentar amedrentar a Julio César Martínez González, mandando a detenerlo cuando visita la institución en procura de su certificado de elección.
Además de García Campos, la querella incluye a los demás miembros de la Junta Electoral del Distrito Nacional, Mayra V. Vicent Rosario, Santo Mercedes Bastardo, Adolfo Franco Terrero, Perla Dominicana Reyes y Josefina Gomera Rodríguez, en su condición de secretaria general del organismo.
“El artículo 284 de la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral establece que serán castigados con prisión correccional de seis meses a dos años y multa de dos a diez salarios mínimos del sector público, los que se negaren o dejaren de firmar un certificado de elección a favor de cualquier persona que tenga derecho al mismo”, establece la querella.
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