Siete presuntos esquemas de peculado dirigidos por exfuncionarios de la PGR
Incluye irregularidades en compras, uso de recursos para campaña electoral y sobrevaluaciones
Sumados a las alegadas estructuras corruptas de distracción de fondos a través de bienes incautados y de pagos en capacitaciones de personal sin avales de que fueron impartidos, lo revelado por la “Operación Medusa” incluye otros cincos entramados de peculado durante la gestión de Jean Alain Rodríguez.
Lo expuesto por la “Operación Medusa”, el tercer gran caso judicial iniciado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) contra exfuncionarios del pasado gobierno de Danilo Medina, pone al descubierto alegados manejos ilícitos que incluyen irregularidades en procesos de compra, uso de recursos de la Procuraduría General en la campaña electoral de 2020 y sobrevaluaciones.
A partir de diversos documentos e informaciones suministradas en interrogatorios por Rainery Elizabeth Medina Sánchez, exencargada del Departamento de Almacén y Suministro -apresada en octubre de 2020 y sometida por robar y vender a terceros 710 televisores plasma, y a Miguel José Moya, representante de DIO SRL, la Pepca detalla elementos de estas estructuras, en las que involucra de manera directa a 18 personas.
En torno a los procesos irregulares de compras, señalan a Rafael Stefano Canó Sacco, exdirector de Gabinete, y a Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector Administrativo Financiero, de encabezar “el manejo irregular para la escogencia de las empresas que ganaban licitaciones”.
Acusan a Rafael Antonio Mercede Marte, exencargado Departamento Contabilidad, de “calcular y recoger cantidades de efectivo, que eran llevadas en bultos a su oficina y luego entregados a Rodríguez Imbert” y “el pago de entidades para agilizar los pagos”.
“Estas situaciones se presentaban en procesos co-mo los relativos al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario en los cuales las empresas fueron escogidas de manera directa, existiendo una repartición” de beneficios por las entidades comerciales escogidas, indica el documento que autorizó los allanamientos.
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